El debate sobre los resultados del último Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) se está centrando, casi exclusivamente, en las preocupantes y, en algunos casos, escandalosas diferencias entre comunidades autónomas.
Es razonable que sea así porque estas diferencias tan sustanciales en la educación de los españoles supone un grave quebranto del principio de igualdad, uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra Constitución de 1978, que acabamos de celebrar y, que últimamente, tantos, y con tanta insistencia, quieren reformar.
Aprovechando que "el Pisuerga pasa por Valladolid" podrían considerarse las ventajas de que el Gobierno de España recuperara las competencias sobre Educación, una materia "estratégica" para el futuro de los ciudadanos españoles: un solo sistema educativo para todos, independientemente de nuestro lugar de residencia. Igualdad de oportunidades.
Lo que no necesita del consenso o de las mayorías necesarias para una reforma constitucional es conocer más sobre los resultados de estos informes que, periódicamente, evalúan la educación que reciben nuestros hijos.
Me refiero que sería muy interesante y valioso que los padres de los alumnos que han realizado estas pruebas pudieran comparar los resultados de sus hijos con los de sus compañeros de clase, de centro educativo, de ciudad, de comunidad autónoma, de país.
Si, por ejemplo, mi hijo hubiera obtenido 495 puntos en matemáticas, me gustaría saber cuál fue el puntaje máximo y mínimo en su misma clase, de todas las clases del mismo grado de su colegio y, compararlos, también, con los resultados máximos y mínimos en matemáticas (siguiendo con el ejemplo) obtenidos por los alumnos de su edad en nuestra comunidad autónoma, en España, etc...
Esta información, por razones obvias, sería muy valiosa para que padres y profesores pudiéramos enfocar los planes de mejora para nuestros hijos y alumnos y, también, un ejercicio básico de transparencia, de justicia, para poder reconocer el trabajo de los profesores y centros educativos que lo están haciendo bien, y para corregir el de aquellos que lo están haciendo mal.
Porque en los grandes números uno se puede confundir y caer -fácil e injustamente- en la tentación de decir que algo está bien o mal cuando el número del resultado es "plural" en su composición, pues, incluso en las comunidades autónomas donde los resultados han sido (globalmente) un desastre, hay casos concretos de alumnos, de profesores y de centros educativos que han obtenido un puntaje destacable; y, también, al contrario, dentro de las grandes cifras de los buenos resultados se esconden situaciones concretas manifiestamente mejorables.
Y todos estos análisis serían posibles si-y-solo-si se entregara a los padres de los alumnos la información comparativa de los resultados de sus hijos. Y, todavía mejor, para todos, si se amplia la muestra de los alumnos y de los centros educativos participantes. Los datos están y la tecnología para su procesamiento también. Lo único que falta es la decisión política de hacerlo, de ser más transparentes. Pensando en el interés general de los españoles, en nuestro futuro, porque lo que no se mide, lo que no se compara, difícilmente se podrá mejorar.
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