@MendozayDiaz

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lunes, 10 de julio de 2017

Cláusulas nulas por abusivas.

Todo comenzó con las hipotecas subprime, que en los Estados Unidos eran aquéllas en las que el prestatario contaba con antecedentes de impago, retrasos o no constaba su capacidad de pago por no haber pedido créditos en el pasado; la cuota de amortización era elevada respecto al salario, o la proporción del préstamo era muy alta con relación al valor de la vivienda. Las consecuencias de la toxicidad de este tipo de “préstamos” se extendió a España a través de la titulización de los créditos: un sistema de financiación para las entidades de crédito a través de una compleja cesión de los derechos de cobro sobre su cartera de préstamos hipotecarios. Así la crisis se contagió desde el mundo financiero al económico quedando atrás la actividad típica bancaria y las reglas más elementales del “arte de prestar”. Los problemas surgieron cuando la banca comercial se contaminó con malas prácticas de la banca de inversión, cuyos directivos no contaban con la paciencia para percibir sus beneficios según se amortizara el préstamo hipotecario, pues lo que pretendían es “maximizar beneficios”, es decir, ganar mucho dinero, como sea, lo más rápido posible, cuanto antes: aquí-te-pillo, aquí-te-mato. 

Contratar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona, ya que implica un compromiso financiero que puede durar décadas. En nuestro país, según datos del Banco de España, aproximadamente el 97% de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito eran a tipo variable. De los préstamos a tipo variable, un tercio, aproximadamente, contaba con la cláusula suelo, lo que impedía a los prestatarios beneficiarse plenamente de la bajada del índice de referencia más extendido, el Euribor a un año. La cláusula suelo es lícita en términos generales, como ha admitido el Tribunal Supremo: para limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés de referencia, pueden estipularse limitaciones al alza -las denominadas cláusulas techo- y a la baja -las llamadas cláusulas suelo-, que operan como topes máximo y mínimo de los intereses a pagar por el prestatario. Ahora bien debe cumplir con el siguiente requisito: la exigencia de que una cláusula contractual deba redactarse de manera clara y comprensible es una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de forma que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Es decir, garantizar el consentimiento informado del consumidor.


La protección del prestatario, especialmente si es consumidor, es considerado por el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica. El consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en la capacidad de negociación como en la información que maneja cada una de las partes (“asimetría informativa”), lo que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas: auténticas “lentejas” … Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013 exigía que el cliente conociera, antes de la celebración del contrato, la cláusula suelo y el efecto que durante la ejecución del contrato pudiera tener sobre el coste real del crédito, para que pudiera adoptar la decisión de contratar con pleno conocimiento de causa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre del 2016, a mayores, determina que lo que es nulo lo es a todos los efectos, por lo que la situación debe quedar íntegramente restaurada, como si la cláusula suelo no hubiera existido. Consecuencia inmediata de esta sentencia es el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: un procedimiento para la resolución extrajudicial de las posibles diferencias entre las entidades y sus clientes. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Se entiende que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo y que el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas -por ejemplo, presentar una demanda- si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor, si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante, si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida, o si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

En fin, llegó el día. La mayoría de los afectados presentaron sus reclamaciones durante los meses de febrero y marzo y, por tanto, en estos días se está cumpliendo el plazo de tres meses. A partir de ahora la vía judicial es el siguiente paso. En el Derecho Civil español la regla general es la nulidad con derecho a restitución íntegra. Si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Después de lo sufrido con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo es casi milagroso que algunas entidades financieras todavía tengan clientes.

Publicado, ayer, 9 de julio del 2017, en "Diario de "León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/clausulas-nulas-abusivas_1173329.html

martes, 20 de junio de 2017

Despatarre fiscal.

Estaba recuperándome de la impresión por la penúltima indicación de los gurús de la ideología de género sobre cómo debe sentarse un hombre para evitar el “despatarre”, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado contraria a la Carta Magna la conocida como “amnistía fiscal”, medida que permitió la regularización de rentas no declaradas a un tipo reducido del 10% sin exigencia de intereses, recargos ni sanciones. Ha sido declarada inconstitucional por haber utilizado un Real Decreto-Ley en un caso en el que se afectaba, de forma relevante, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado la argumentación del Gobierno de Rajoy de que la medida y su aprobación por vía de urgencia se justificaban por la situación extrema de las cuentas del Estado, al entender que la regularización afectó al precepto constitucional de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento del gasto público. No es la primera vez que, recientemente, los gobiernos del Partido Popular reciben una colleja (“jurídica”, pero colleja al fin) por la forma de tramitar leyes. Así, el año pasado el Tribunal Supremo anuló el reparto del déficit autonómico del año 2013 porque no siguió el procedimiento adecuado en su tramitación. Ay-ay-ay, es que las prisas nunca han sido buenas consejeras.

El Tribunal Constitucional recuerda al Gobierno cuál es su capacidad reguladora en materia tributaria. La potestad de establecer los tributos corresponde al poder legislativo, aunque, sin embargo, se admite que, en circunstancias excepcionales, el poder ejecutivo pueda tomar decisiones de este tipo, pero condicionadas a su rápida convalidación por las Cortes Generales. Pero esta capacidad tiene límites: no puede afectar a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando el modo de reparto de la carga tributaria que debe corresponder a la generalidad de los contribuyentes. En pocas palabras, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de Rajoy se ha extralimitado en sus competencias invadiendo las de las Cortes Generales. O en expresión de moda, una especie de “despatarre fiscal” …


Un aspecto polémico de esta sentencia es que no permite que sean revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo del desautorizado Decreto-Ley. Y ello según su particular interpretación del principio de seguridad jurídica. Una salomónica decisión que ha intentado conciliar el principio de legalidad (respeto a los procedimientos) y el principio de seguridad jurídica (estabilidad y confianza en las relaciones jurídicas). Pero, más allá de disquisiciones jurídicas, para el común de los mortales, esta decisión es escandalosa, injusta. Una porque muchos de los protagonistas de los principales casos de corrupción se acogieron a esta amnistía fiscal que les permitió regularizar su situación a pesar de que incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, con exoneración de sanciones y recargos: una medida injusta porque les coloca en una situación más favorable que la de quienes cumplieron voluntariamente, y en plazo, su obligación de contribuir. Y dos, porque -en mi opinión- la mejor doctrina de Teoría del Derecho sostiene que si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Es posible que éste sea uno de los aspectos más polémicos de la sentencia, como así lo fue en el caso de la sentencia del Tribunal de Supremo de 9 de mayo del 2013, sobre las cláusulas suelo, al impedir la devolución, con carácter retroactivo, de las sumas indebidamente pagadas por los prestatarios con origen en las cláusulas declaradas nulas por abusivas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, determinó que lo que es nulo, lo es a todos los efectos, por lo que la situación debía quedar íntegramente restaurada como si el acto jurídico anulado no hubiera existido. 

Pero, es cierto, que el único competente para interpretar la constitucionalidad de nuestras leyes es el Tribunal Constitucional. Lo demás son opiniones, más o menos razonables, pero siempre opiniones. Sin embargo, lo que en buena democracia no es opinable es que la sentencia no tenga efecto alguno en el ámbito político, que nadie asuma responsabilidades políticas. Alarmante. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la mayoría (y así lo confirman las encuestas), la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda: a sus hechos me remito. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer políticas capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. En fin, hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas: por el bien de España.

Publicado en "Diario de León" el domingo 18 de junio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/despatarre-fiscal_1168650.html

sábado, 25 de marzo de 2017

"Los casos de Horace Rumpole, abogado".

Insigne defensor de las causas perdidas, Horace Rumpole es un abogado adorable, un hombre de altos ideales y de gran sentido común, que fuma cigarros malos, bebe un clarete aún peor, es aficionado a los fritos y a la verdura demasiado hervida, cita a Shakespeare y Wordsworth a destiempo y, generalmente, se decanta por los casos desesperados y por los villanos de barrio. 

Excéntrico y gruñón, lleva años abriéndose paso en las salas de justicia londinenses, mientras brega en casa con su terca mujer, Hilda, a quien él apoda «Ella, La que Ha de Ser Obedecida», en un particular universo donde el sarcasmo, el humor y la intriga se mezclan a partes iguales. 

Su autor, el abogado John Mortimer (1923 - 2009) construye en sus narraciones un universo demoledor y sarcástico al más puro estilo British.


jueves, 16 de marzo de 2017

Las pensiones de viudas y huérfanos.

Desde hace unos días sabemos que el Gobierno va a destinar 225 millones de euros para prejubilar al veinte por ciento de los estibadores. Cantidad a la que se sumarán los 350 millones ya previstos para lo que -en lenguaje cortesano- se denomina “la subrogación de los pasivos laborales en el cambio de modelo de empresas en el sector portuario” y que, traducido al lenguaje del común de los mortales, quiere decir que se va a destinar dinero público contante y sonante -¡otra vez!- para solucionar un conflicto social de carácter privado.

Este método de “solucionar" problemas o conflictos tiene los días contados con un sistema de seguridad social que está a punto de saltar por los aires no sólo por el envejecimiento demográfico sino, también, por este tipo de corruptelas. 

En este caso estamos hablando de unos seis mil empleados y, alguien, con cierta razón, podría argumentar que no es para rasgarse las vestiduras. Pero, realmente, todo suma: hoy estibadores, ayer empleados de las antiguas cajas de ahorro, antes de ayer, los mineros… Suma y sigue.

Unos paisanos que, con poco más de cincuenta años, se van a casa con en torno al setenta por ciento de su sueldo que, en el caso que nos ocupa, dicen, es superior a los sesenta mil euros al año… Aquí paz y después gloria. 

Y, tal como están las cosas, es decir, el sistema de pensiones, el verdadero problema no está en lo que se llevan sino en lo que van a dejar de aportar: las cotizaciones sociales de unos trabajadores que todavía tenían por delante unos veinte años más de vida laboral.

Vamos a ver qué dicen de estos desmanes las autoridades de la Unión Europea o de la OCDE, sobre todo estos últimos que, en sus últimas recomendaciones, estaba la de restringir las pensiones de viudedad y orfandad a los casos de rentas más bajas para aliviar costes al sistema. Tal cual, con un par…

El dinero destinado a este asunto es ¿mucho o poco? Pues usted mismo: hoy dicen los diarios de información económica que la fusión de Bankia y BMN permitirá recupera 400 millones de ayudas y se presenta esta cantidad como un argumento de autoridad a favor de esta fusión.

Por cierto, que de los más de 51.000 millones de euros que España “inyectó”, es decir, regaló al sector financiero para rescatar cajas mal gestionadas, hasta la fecha, sólo se ha recuperado en torno a un cinco por ciento. Pues, digo yo, que lo razonable sería empezar a buscar por aquí el dinero necesario para cuadrar las cuentas y dejar en paz las pensiones de viudas y huérfanos.


Espero que este despropósito no se llegue a concretar ni tampoco las “advertencias bíblicas” a los “faraones” que carguen la mano contra viudas y huérfanos. Por el bien de todos.

viernes, 3 de marzo de 2017

Mejor con su abogado.

La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una debacle financiera a escala global de la que el mundo todavía no se ha recuperado. Su bancarrota no sólo acabó con un banco más que centenario y dejó una deuda de más de seiscientos mil millones de dólares sino que, además puso a prueba aquello de “demasiado grande para caer”… El Tesoro de los Estados Unidos de América optó por desechar este aforismo, por no rescatar a Lehman y por mostrar que ninguna entidad es demasiado grande para quebrar.

En España, la onda expansiva del pinchazo de la “burbuja” dejó al descubierto el agujero que se había generado en los balances de cajas y bancos, sobre todo por los créditos millonarios concedidos a los promotores inmobiliarios. Estas prácticas, desde el punto de vista contable, eran un engaño. Las entidades se anotaban como ingresos intereses que eran ficticios, de créditos que -sabían- que -difícilmente- iban a cobrar. Y no se anotaban las provisiones necesarias, el ratio de morosidad era incorrecto y se reflejaban beneficios irreales. Comenzaron entonces las prisas por buscar dinero, liquidez, pero los mercados estaban cerrados a cal y canto. A algún gurú de la ingeniería financiera se le ocurrió trasladar el agujero a los ahorradores: si los bancos necesitaban dinero qué mejor que captar el dinero de sus clientes, que lo tenían plácidamente guardado en depósitos a plazo fijo, y traspasarlo a preferentes, hipotecas multidivisa, obligaciones convertibles, depósitos estructurados, swaps, cláusulas suelo… Todos ellos, en lenguaje cortesano, denominados productos financieros “asimétricos” que -en román paladino- quiere decir que la banca siempre gana y que el cliente, en la gran mayoría de los casos, pierde.

En el caso de las cláusulas suelo, en el año 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que limitaba los efectos de la retroactividad de la declaración de nulidad argumentando que, en caso de que los bancos tuvieran que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión. La Comisión Europea en un documento que remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en octubre del 2015, sostenía que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no era compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, y que, tampoco, era posible que un tribunal nacional pudiera moderar la devolución de las cantidades que hubiera pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información. Y así fue.

El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tengan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Ahora bien, tras este fallo, el afectado no tiene, necesariamente, todas las de ganar si va a los tribunales porque el juez puede entender que el banco fue lo suficientemente transparente en la documentación que le entregó al cliente. E, igualmente, a través del procedimiento previsto en el decreto anteriormente mencionado. Ojo porque la casuística es enorme y, a veces, compleja: plazos, quién y cómo calcula el dinero cobrado de más, fórmulas sustitutivas, etc. 


En ocasiones, algunos bancos actúan con displicencia o prepotencia ante las reclamaciones de sus clientes, no las responden o lo hacen a través de una carta tipo en la que te agradecen y dicen que lo van a ver, etc… Distinta es la atención y el trato cuando la reclamación se presenta, mediante asistencia letrada, advirtiendo de que en caso de no recibirse respuesta satisfactoria trasladará su escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o se presentará una demanda ante los tribunales de justicia. En estos casos, suelen correr y volar, llaman al cliente e intentan un acuerdo antes de que se abra el correspondiente expediente administrativo o se inicie el proceso judicial. 

Para muchas personas afectadas estas situaciones están siendo motivo de sufrimiento. Según los resultados del estudio “Finanzas y salud” las personas afectadas por un fraude bancario tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, depresión y crisis de ansiedad, un deterioro de la calidad del sueño y un empeoramiento de la calidad de vida. Los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet” suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer, en estos casos, un asesoramiento rápido y eficaz, profesional. Mejor con su abogado.

Publicado en "Diario de León", hoy, 3 de marzo del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejor-abogado_1142265.html

domingo, 8 de enero de 2017

Tiempo de puertas giratorias.

Pensando en el interés general convendría revisar algunas de las leyes que regulan el paso de un cargo público a la empresa privada, popularmente denominado “puerta giratoria”. Una expresión, lamentablemente de moda, para definir el aprovechamiento de lo público en beneficio de lo particular.

Por ejemplo, los departamentos fiscales de los bufetes de abogados siguen nutriéndose de altos cargos de Hacienda, en concreto, de inspectores y abogados del Estado expertos en materia tributaria que han estado defendiendo los intereses recaudatorios de la Administración, y han participado en la redacción de leyes y resoluciones fiscales. Profesionales especializados en ámbitos tan específicos como investigación de fraude, regulación o blanqueo de capitales que, en cuestión de semanas, pasan de-estar-aquí-a- estar-allá… O de ser el responsable de supervisar a bancos a trabajar para ellos. Estos profesionales están siempre solicitados, pero es, en los momentos finales de cada legislatura, cuando muchos buscan una salida en este tipo de despachos. Más: hace tiempo que supimos que abogados del Estado, en excedencia, asesoraban a fondos extranjeros en arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Estos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración sin grandes restricciones.

Este trayecto de algunos funcionarios y políticos del mundo privado al público, y viceversa, con billete de ida y vuelta, suele provocar -lógicamente, desconfianzas. Por ejemplo, un funcionario de la Agencia Tributaria que, durante los últimos diez años, ha trabajado como responsable de la inspección de grandes contribuyentes y que, de un día para otro, pide una excedencia y comienza a trabajar en un despacho de los que asesoran a los “grandes contribuyentes” en sus litigios con Hacienda… Sin duda, los “puertas giratorias” reportan beneficios a las empresas que los contratan. Y perjuicios para-el-común-de-los-mortales: pensemos en la costosa inversión del Estado, durante años, en la formación y desarrollo de sus altos funcionarios para que luego las empresas privadas se aprovechen de su madurez profesional. 

En la Unión Europea, en España, hay casos documentados de cómo compañías de sectores regulados se han visto favorecidas por decisiones administrativas que han sido generosamente recompensadas a sus responsables con sillones de consejeros en estas empresas. Unos cuarenta políticos que han desempeñado importantes responsabilidades (presidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, presidentes de Comunidades Autónomas, embajadores…) son -actualmente- consejeros de las empresas más importantes de España. Y aunque hay varios estudios que lo demuestran, no hay nada mejor que observar como las empresas que anuncian el nombramiento de antiguos diputados o senadores o altos funcionarios, experimentan una subida de su cotización bursátil. 

El cinismo y el desparpajo de algunos no tiene límites cuando se les pregunta sobre el conflicto de intereses: no existe tal porque me dedico a dar una perspectiva sobre cuestiones que afectan a la economía global… Genial, qué manera de retorcer el lenguaje. Este “tránsito” es especialmente delicado en sectores regulados donde las decisiones empresariales se toman por los subordinados, amigos o compañeros del nuevo consejero. No siempre es así, pero hay casos, demasiados casos, en que determinadas designaciones responden a favores, influencias, o también, al pago de fidelidades internas.

Este fenómeno requiere de una mejor regulación. Mucho más restrictivo en determinados ámbitos como, por ejemplo, en Justicia. Una mayor transparencia para combatir los excesos que se han producido, que son demasiados… Política y Justicia deben permanecer prudentemente separadas de modo que no sean necesarios actos de fe sobre la rectitud de las personas implicadas. No se trata de descender al detalle de situaciones personales sino de tomar conciencia sobre la necesidad de fijar unas reglas generales que no permitan que, por ejemplo, un juez que entra en política (ya sea en una candidatura, ya sea en un cargo de confianza) pueda volver, sin más, al servicio activo. En Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se deja la judicatura para entrar en la empresa privada se pierde cualquier tipo de derecho sobre la plaza. Y si, alguien quisiera a regresar a la carrera judicial, tendría que volver a opositar. No como aquí que arriesgo-pero-sin-arriesgarme.

Cuando estos asuntos generan “ruido mediático”, hay quienes se apresuran a crear órganos u oficinas para regular los posibles conflictos de intereses. Y la vida sigue igual porque quienes elaboran los dictámenes no suelen ser personalidades independientes sino subordinados del político de turno. Lo razonable sería que nadie que haya estado en cargos públicos (del nivel que estamos considerando) pueda estar luego en empresas o sectores regulados, al menos, en los cinco años siguientes a abandonar el cargo. Una incompatibilidad de dos años no es suficiente. Si los mandatos son de cuatro años, al pasar dos, hay gente conocida que todavía permanece. Y, además, aunque esto, en cierto modo, se sale del tema, el problema de fondo es que muchos políticos ganan más, a veces mucho más, de lo que ganaban antes. Y esto es la madre de muchos corderos… Y todavía más leña para este fuego: una gran parte de nuestros políticos, con responsabilidades a todos los niveles, sólo sabe o puede vivir de la política.

Urge clarificar (“hacer transparente”) la red de relaciones entre los grupos económicos y el poder político. Hay empresas, sectores completos, que su cuenta de resultados depende, a menudo, más de las decisiones de lo público que de su propia gestión. Se trata de una cuestión de higiene democrática.

Publicado, hoy, domingo, 8 de enero del 2017, en "Diario de León": 


lunes, 12 de septiembre de 2016

A favor de un mejor sistema de ordenación territorial.

Quienes discrepamos de la actual configuración del sistema de ordenación territorial no somos, sin más, unos retrógrados centralistas. Las posiciones críticas tienen, en la mayoría de los casos, unos fundamentos que conviene conocer y debatir.


El gran problema de los separatismos y nacionalismos exacerbados tiene su origen en la introducción del término “nacionalidades” en la Constitución Española de 1978, sin definir su contenido ni señalar su identidad. 

La multiplicación de los centralismos, que sucedieron al de Madrid, de las distintas capitales de las Comunidades Autónomas, en muchos casos, están siendo más gravosos para el ciudadano y, a veces, más rechazados por viejas relaciones de vecindad.

Otros asuntos que han complicado el sistema son, entre otros:

La creación de tensiones entre las Comunidades Autónomas como consecuencia de las contradicciones derivadas de la aplicación del principio de solidaridad en abstracto por un Estado debilitado.

La coexistencia de distintos modelos políticos de sociedad, al poder ostentar el poder, en cada Comunidad, partidos políticos distintos y opuestos en sus programas.

La difícil compatibilidad con el proceso de integración en la Unión Europea, que supone transferencias hacia el exterior y no hacia regiones interiores.

La falta de realismo del modelo autonómico, basado más en deseos y postulados teóricos, en aspiraciones primarias populares, que en sólidos planteamientos, necesidades reales, estima popular, apoyo social, etc., salvo en casos aislados.

Si los peligros políticos que se asumieron al implantar las autonomías son considerables, mayores son las contradicciones y peligros de tipo económico. Ante todo, está el coste -el elevado coste- del Estado de las Autonomías, de sus diecisiete gobiernos, parlamentos y administraciones que se acepta como precio por una mejora de servicios y de la “mayor democracia”, que se siguen dando por supuestos.

El problema de la financiación, todavía sin resolver, ha acentuado los desequilibrios regionales y dificultado la redistribución de recursos y el desarrollo nacional.

El principio de unidad de mercado, del que tanto se habla sin concretarlo en prohibiciones estrictas, corre igualmente serios riesgos a medida que las disposiciones autonómicas comenzaron a proliferar.

Y las desventajas competitivas y los inconvenientes para los grandes proyectos nacionales de inversión con programas económicos de desarrollo autonómico y local, muchas veces, sin la coordinación más elemental.

Las anteriores razones son suficientes, a mi entender, para sostener una posición crítica con bastante fundamento y desapasionamiento, sin ideas preconcebidas y, por supuesto, sin querer sugerir una solución mágica como única alternativa.

Los riesgos apuntados (insostenibles, muchos de ellos), en mi opinión, son suficientes para plantear modificaciones legales de mejora (“reformas”).

martes, 23 de agosto de 2016

Ser abogado.

El Premio Abogados de Novela se convoca, cada año, por el Consejo General de la Abogacía Española, la Mutualidad de la Abogacía y Ediciones Martínez Roca, del Grupo Planeta, con la intención de premiar una novela que ayude al lector a profundizar en los conocimientos del mundo de la abogacía y sus ámbitos de actuación, valores, proyección y la trascendencia social de su función. El primer libro, distinguido por este galardón, que leí fue “El jurado número 10”, de Reyes Calderón, que recibió el reconocimiento en el año 2013. Recuerdo que se trataba de una novela interesante, amena y especialmente divertida (en mi opinión ayuda que los personajes y el entorno sean locales); y, en este caso, también divulgativa pues da a conocer cómo funciona el jurado en nuestro sistema judicial.

“El abogado de pobres” fue la novela ganadora del Premio Abogados de Novela 2014. Ambientada en Jerez de la Frontera a mediados del siglo XVIII, su protagonista es un abogado de pobres que tiene que enfrentarse a varios casos de corrupción, robo y falsificaciones, abusos de poder y manipulación de la Justicia. En el más importante de ellos, estarán implicados algunos de los personajes más importantes de la ciudad. La figura del “abogado de pobres” es una figura que desaparece a finales del siglo XVIII en la medida que, en las grandes ciudades, se van creando los Colegios de Abogados que se encargan de defender gratuitamente a los pobres y desamparados, designando de entre sus colegiados a quienes por turno habrían de hacerse cargo de la defensa de esas personas sin posibles. Juan Pedro Cosano, abogado gaditano, personifica en Pedro de Alemán, el protagonista de su relato ganador, los rasgos de un jurista, adalid de la cultura y de los valores humanos. Excelente novela, muy recomendable. Asimismo, la novela ganadora del VI Premio Abogados de Novela (2015), “La mediadora” de Jesús Sánchez Adalid. La mediación como medio alternativo de solución de conflictos está de moda. Aunque, en mi opinión, es más antigua que el hilo negro… La Abogacía es una profesión pionera en la mediación como herramienta para alcanzar el consenso entre partes en conflicto ya que los abogados, mayoritariamente, llevamos siglos promoviendo la cultura del acuerdo. 

Durante la Feria del Libro de León, en la Librería Universitaria, me encontré con “El alma de la toga”; y ya su título me resultó tan sugerente, que me lo compré… Su autor, D. Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), tuvo una vida plena de responsabilidades profesionales y políticas. Fue Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, y del Ateneo de Madrid. Gobernador de Barcelona y Ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII. Diputado en varias legislaturas. En la II República fue Presidente de la comisión que elaboró la Constitución Española de 1931, y Embajador. Bien, pues después de una vida tan intensa, poco antes de morir, reconoció a sus amigos, en Buenos Aires (donde se exilió tras la Guerra Civil), que su mayor satisfacción fue ser abogado.



Años antes, en junio de 1919, en el apogeo de su profesión, escribió “El alma de la toga”. Un libro muy oportuno para quien se inicia en el ejercicio de la abogacía pues está repleto de sabios consejos fundamentados en su experiencia. A pesar de su brevedad trata muchos asuntos que invitan a pensar. Como cuando escribe sobre quién es Abogado, y la diferencia con el Licenciado en Derecho. La moral del abogado. Su sensibilidad, su cordialidad; el “desdoblamiento psíquico”. Su independencia. Según D. Ángel el mundo nos utiliza y respeta en tanto que tengamos “la condición del amianto”: poder y riqueza, fuerza y hermosura, todas las incitaciones, todos los fuegos de la pasión han de andar entre nuestras manos sin que nos quememos…Cuando habla sobre el sistema de trabajo, aconseja que antes de coger la pluma hay que estudiar los documentos y consultar libros. Y no confiar nunca en la capacidad de improvisación: el guion escrito es siempre indispensable. Aunque considera que todas las horas son buenas para trabajar, recomienda especialmente las primeras de la mañana (desde la seis hasta la diez) porque “antes de las diez de la mañana podemos dar al trabajo nuestras primicias y, después de la diez de la noche, no le concedemos sino nuestros residuos…”. Partidario del uso de la palabra en la resolución de conflictos: “se adelanta más en media hora de conversación que en medio año de correspondencia”. Sobre la oratoria forense hace recomendaciones sencillas pero muy prácticas, muy útiles para el ejercicio de la profesión, como cuando afirma que “la brevedad es el manjar preferido de los jueces…”. Defiende una oratoria breve, clara, concreta, cortés, amena y que cuide el léxico. Leer es esencial, también para un abogado. Cuando no se lee, nos recuerda, “viene el atasco intelectual, la atrofia del gusto, la rutina para discernir y escribir, los tópicos, los envilecimientos del lenguaje…”.

Me sorprende que trate asuntos que entonces eran de actualidad y que hoy, casi cien años después, lo continúen siendo como la especialización, el trabajo de los jueces (“hay mucha más abnegación y virtud de la que el vulgo supone”), la abogacía y la política, la “defensa de los pobres” (justicia gratuita), la función de los colegios profesionales o la utilización de la toga (“todas las apariencias tienen su íntimo sentido”). Personalmente me encantó esta frase: “Hay que estudiar, hay que leer, hay que apreciar el pensamiento ajeno, que es tanto como amar la vida, ya que la discurrimos e iluminamos entre todos”. Recomiendo la lectura de este libro. A mí me ha nutrido con puntos para pensar. Y me he divertido conociendo nuevas palabras como rábula, curialete, fuste, ganapán, petimetre o tresillista…jajaja. A pesar de los años transcurridos desde su primera edición (1919), mantiene su vigencia y, quizá por eso, “El alma de la toga” es reconocida como un verdadero clásico de la literatura jurídica.

Publicado en Diario de León el 23 de agosto del 2016: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/ser-abogado_1093723.html

lunes, 11 de julio de 2016

Mentiras sobre el "Brexit".

Durante los últimos meses he seguido con atención las informaciones sobre el referéndum para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Un asunto con implicaciones, muy relevantes, de carácter político, económico y social para España. Y de mi interés como profesor asociado de Derecho Internacional Público.

En los primeros días del mes de junio estaba convencido del triunfo de los partidarios del “Brexit” pues así nos lo venían diciendo las encuestas durante el último año: 65/35, 60/40, 55/45… El rango de la diferencia era tema de debate, pero no había sondeo que les diera la razón a los británicos partidarios de permanecer en la Unión Europea. El asesinato de la diputada socialista Jo Cox cambió las tornas y así lo confirmaron, también, las casas de apuestas que, a diferencia de los institutos demoscópicos, cuando realizan pronósticos no sólo se juegan su prestigio sino, también, su dinero.

El 23 de junio me fui a dormir pasadas las once de la noche, cuando los medios daban por hecho que Gran Bretaña permanecería en la Unión Europea, cuando Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia, comenzaba a reconocer su derrota. A la mañana siguiente, la radio me sorprendía con la noticia que, durante la madrugada, se produjo el “sorpasso” y que el “Brexit” triunfó por 52 a 48… Desde entonces vivimos en un tsunami de opiniones habladas y escritas que, en muchas ocasiones, no es que no estén bien fundamentadas, sino que, sencillamente, son mentira.

Por ejemplo, no es cierto que este referéndum haya sido una iniciativa de “populistas”. Eso es no es verdad. El político responsable de la convocatoria de este referéndum es David Cameron, del Partido Conservador, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo. El equivalente, en nuestro arco parlamentario, a Mariano Rajoy. Y se comprometió a convocarlo, durante la última campaña electoral, para intentar zanjar una cuestión que permanece viva en la sociedad británica, y muy especialmente entre los conservadores, desde el minuto uno de su incorporación a la Unión Europea, en 1973. Los británicos siempre han visto el proyecto político de “más Europa” como una amenaza a su sistema político, social y económico. Se incorporaron a la Comunidad Económica Europea, básicamente, por las ventajas que suponía para sus empresas, pero, en la medida en que el proyecto de unión europea de desarrollaba y concretaba en otras políticas, más allá de las económicas, el sentimiento de “euroescepticismo” volvía a reavivarse y a manifestarse en forma de protestas, vetos, reservas, y amenazas varias.  

Con el término “populismo”, a veces, se pretende etiquetar, descalificar, propuestas políticas que son razonables, aunque, eso sí, contrarias a los intereses del “establishment”. Además, en este caso, nos guste o no, el resultado cuenta con la inatacable legitimidad democrática que le otorga un 73% de participación ciudadana.

Otra. Ahora los europeístas británicos están promoviendo, en Escocia, otro referéndum pro independencia. El segundo en un año. En España, entre quienes lo aplauden y jalean se encuentran personajes que, sin ningún rubor, defienden una cosa y su contraria… Me explico. No es razonable -ni justo- desplegar un abanico de argumentos políticos, jurídicos, sociales a favor del derecho a decidir de los escoceses y, simultáneamente, negárselos a los independentistas catalanes. 

Por último. Perplejo escucho y leo las ocurrencias de una caterva de opinantes que me abruman con sus certezas sobre el día después, sobre lo que viene a partir de ahora. Mentira. Nadie lo sabe. La única previsión es el ya famoso artículo 50 del Tratado de la Unión, y poco más. La Unión Europea tiene regulado, hasta el más mínimo detalle, el procedimiento de ingreso porque, durante los últimos sesenta años sólo se han producido solicitudes de entrada, nunca, hasta ahora, de salida. Por tanto, el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, su calendario, los próximos pasos son una incógnita, sencillamente, porque nos encontramos ante la primera vez que un país miembro decide abandonarla. Y corresponderá a sus instituciones definir el cómo y el cuándo. 


El “Brexit” desata el pánico. En España, entre otras razones, porque un tercio de los activos internacionales de nuestros bancos están en el Reino Unido. O porque, muy probablemente, tendremos que aumentar nuestra contribución al presupuesto comunitario, en unos 900 millones de euros…En general, el pánico también tiene que ver con el riesgo de contagio. Porque más allá del temor a perder su libra, yardas y grados fahrenheit, los motivos de fondo que han llevado a los británicos a votar su salida, son razones políticas, con fundamento, y perfectamente extrapolables a otros países de Europa. Más allá de simplificaciones y reduccionismos los motivos de la catástrofe tienen que ver con la pérdida del encanto inicial del proyecto para la unión europea y un cierto hartazgo con los manejos de los burócratas del sistema.

Lo que está claro es que nada volverá a ser como antes; pero, eso, necesariamente, no tiene porqué ser negativo. La Unión Europea afronta el mayor desafío de su historia. Ahora es el tiempo de las respuestas claras e ilusionantes: hoy es siempre todavía.

Publicado, hoy, 11 de julio del 2016, en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mentiras-brexit_1083270.html

sábado, 16 de abril de 2016

El expolio de Caja España.

Las cajas de ahorros más antiguas se crearon hace unos trescientos años como instituciones sin ánimo de lucro, cercanas a las personas y con una clara función y responsabilidad social. Supusieron una fuerte competencia para los bancos ya que controlaron más del 50% del mercado: durante muchos años no hubo ningún banco que fuera líder en ninguna provincia. Se vieron afectadas por los cambios impulsados por los ideólogos de la desregularización que, en Estados Unidos, lograron la derogación de la ley Glass-Steagall que desde 1930 a 1999 separó las actividades de la banca comercial y de la banca de inversiones, y limitaba su ámbito territorial de actuación. 

En España este cambio internacional de regulación coincidió con el desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas y, a la flexibilización de su estatus jurídico, se añadió la politización de sus órganos de gobierno. A diferencia de otras crisis sufridas por el sistema financiero español, en la del 2007, la reacción fue demasiado lenta, entre otras razones, por la resistencia de las Comunidades Autónomas (¿se acuerdan de nuestro todopoderoso Villanueva…?) y por la falta de coordinación con el Banco de España.

A partir del 2010 se inicia un proceso acelerado de “transformación” con graves errores como la salida a Bolsa de entidades en estado de insolvencia, una maraña de artificios legales y contables y, siempre, un déficit de información clara a inversores, depositantes y ciudadanos. Como consecuencia de las reclamaciones de miles de damnificados hemos ido conociendo escandalosos casos de nepotismo en las contrataciones de personas, bienes y servicios que, aun siendo legales, repugnan a los principios éticos de la mayoría de los ciudadanos. Cuesta creer que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y uno se pregunta por qué nadie protestaba o pedía cuentas... salvo que los responsables de hacerlo estuvieran logrando algo a cambio. Como muestra para ilustrar estos nuevos episodios de “Capitalismo de amiguetes” es muy recomendable la lectura de los conocidos como correos de Blesa. 

El endeudamiento provocado por este expolio hipoteca nuestro futuro y el de varias generaciones de españoles, por muchos años. Y tanta fusión y concentración, en mi opinión, supone una situación próxima al oligopolio, y un mayor riesgo sistémico. El tiempo lo dirá. Desde luego está quedando claro que la desaparición de las cajas de ahorro está suponiendo un fabuloso negocio para algunos: donde antes había más de cincuenta entidades ahora quedan unas diez. Menos comensales para un mismo -y suculento- pastel.

Quizá una de las consecuencias más injustas de la desaparición de las cajas sea el impacto negativo -desatención, incluso riesgo de exclusión del sistema bancario- que va a tener en los ciudadanos de las zonas rurales, en los pequeños empresarios, en los pensionistas, sobre todo en Castilla y León. Se acabaron las ventajas de tener -como teníamos con nuestras cajas de ahorro- un sistema financiero propio.

La común -e interesada- posición de los políticos de los grandes partidos es que las cajas de ahorros no han desaparecido, sino que se han transformado… Suma y sigue con la perversión del lenguaje. Las cajas de ahorros no tenían accionistas, no repartían dividendo, y sus beneficios (miles de millones de euros) se invertían en interés social de la comunidad a la que servían. Me cuesta creer que los dueños de los actuales bancos en que se han “transformado” las cajas de ahorros vayan a ser igual de generosos. 


Ya nos han avisado de que la “nueva situación” les obliga a reconsiderar muchos de los compromisos adquiridos que, eso, traducido del leguaje cortesano al popular, quiere decir que se acabaron los apoyos, hasta ahora conocidos, a los discapacitados, a tantas asociaciones, al deporte base, al mundo rural, a la universidad… Y, como muestra, un botón. Hace meses fue noticia -a cuatro columnas- que Bankia destinó 2 millones de euros para diversos proyectos sociales en las nueve provincias de Castilla y León. Lo que no se decía, para que los castellanos y leoneses tuviéramos un punto de comparación, es que, hasta antes del expolio, la inversión de las seis cajas de ahorro de nuestra comunidad autónoma llegó a superar los cien millones de euros anuales. 

El penúltimo episodio de esta triste historia es el anuncio del despido de 1.120 personas en Caja España, casi un tercio de la plantilla (ya disminuida considerablemente por otros recientes ajustes). Desde que la-caja-dejó-de-ser-la-caja los intereses son otros. Ahora se trata de prepararse para salir a la Bolsa. Y para vender más acciones -y a mejor precio- hay que dar a los “mercados” las señales de costumbre: que cada día tenemos más ingresos y menos gastos. Lejos quedan los fines fundacionales, el ganar dinero para mejorar la calidad de vida de los leoneses, que en cada pueblo hubiera una oficina para ofrecer un mejor servicio a nuestra gente, etc. 

En tiempos de crisis siempre se ha despedido a gente, también en Caja España: pero de otra manera, como último recurso, entre otras razones, porque quienes tomaban la decisión conocían a sus trabajadores, sabían de su situación personal y familiar, eran paisanos. Ahora quienes toman la decisión son personajes “globales” que vivirán en Málaga o en Madrid y para quienes, probablemente, su principal motivación es que se den los “números” para que así puedan lograr su bono, un bono de muchos ceros.

En fin, lo dicho, un auténtico expolio. Nos están privando -con injusticia grande- de algo que teníamos y gozábamos, nuestra caja de ahorros. Y, mientras tanto, los políticos del PP, PSOE e IU -corresponsables de esta situación- escenificando su indignación. Qué asco.

Publicado en Diario de León, ayer, viernes 15 de abril del 2016: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/expolio-caja-espana_1061668.html

viernes, 15 de abril de 2016

Gracias al Centro Universitario Villanueva y a D. Lorenzo Bermejo Muñoz.

Ayer presenté mi libro "Viva Mi Gente (cinco acciones básicas que te ayudarán a dirigir mejor)" en la sede del Área Jurídica y Empresarial del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.


Mi gratitud al Centro Universitario Villanueva y a D. Lorenzo Bermejo Muñoz por todas sus atenciones.

Comos siempre, lo mejor fue el diálogo con las personas que asistieron.

lunes, 8 de febrero de 2016

Conferencia en el Foro Empresarial de Murcia.

El jueves tuve una conferencia ("Personas Satisfechas Generan Clientes Satisfechos") en www.realcasinomurcia.com organizada por el Foro Empresarial de Murcia (http://murciaeconomia.com/not/40755/enrique-mendoza-lsquo-personas-satisfechas-generan-clientes-satisfechos-rsquo-/).

El Real Casino de Murcia es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Se encuentra en la céntrica calle Trapería, no lejos de la catedral.


El edificio, cuya construcción comenzó en 1847 es una mezcla de las distintas corrientes artísticas que coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en España y fue declarado monumento histórico-artístico nacional en 1983, por lo que en la actualidad está considerado bien de interés cultural, con la categoría de monumento.

Tuve la suerte de recorrer sus instalaciones. Quedé especialmente encantado con su biblioteca...


A la conferencia también acudieron amigos y lectores de "Viva Mi Gente (cinco acciones básicas que te ayudarán a dirigir mejor)", a quienes, agradecido, dediqué sus ejemplares.


Me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de conocer -y dialogar- con personas interesantes en un lugar tan distinguido.

Muchas gracias a los organizadores por sus atenciones.

viernes, 29 de enero de 2016

Presentación en la Universidad de Extremadura.

Hoy he presentado la ponencia "Personas Satisfechas Generan Clientes Satisfechos" dentro del seminario "Ética y enseñanza en la universidad", coordinado por el Profesor Rafael Robina (con quien aparezco en la foto) e impartido en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de la Universidad de Extremadura.


Muchas gracias a los Profesores que han asistido y a la Universidad de Extremadura por sus atenciones. Y al Profesor Rafael Robina por su iniciativa.

sábado, 26 de diciembre de 2015

Pañales para adultos.

Hace unas semanas leí una noticia que llamó mi atención: En Japón, por primera vez en su historia, el año pasado, se vendieron más pañales para adultos que para bebés… En España, más temprano que tarde, viviremos una situación similar. Con nuestras actuales tasas de natalidad, dentro de medio siglo, cuatro de cada diez españoles tendrán más de 65 años. Más datos. Durante la próxima década, casi un 30% de las casas estarán habitadas por una sola persona y otro porcentaje similar, por dos.

Algunos expertos hablan de suicidio demográfico de España. No sé si será una exageración, pero, seguro, que este nuevo escenario -la combinación de envejecimiento y descenso de la población- supondrá una nueva estructura económica. Sin duda que es una buena noticia que la esperanza de vida de los españoles supere, ya, los 80 años de edad como también sucede en otras economías desarrolladas. Vamos hacia una sociedad con cada vez más jubilados, que vivirán más, y menos personas en edad de trabajar y, muchos de éstos, con contratos a tiempo parcial y contribuciones reducidas a la Seguridad Social. Y todo esto impactará de múltiples formas a nivel económico, social y presupuestario.

Perdemos población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística marcan una tendencia común a todo el país pero que, en León, se hace más profunda que en la media nacional. Aquí, lo vemos todos los días, cada vez perdemos más población y la que queda está envejecida porque, además de caer la natalidad, los jóvenes se tienen que ir a otros lugares en busca de oportunidades de trabajo. Hace unos meses conocíamos el dato de que, en León, casi un 30% de los municipios no registran ningún nacimiento en el año y, sin embargo, casi todos, si registran vecinos fallecidos. O que los centenarios que residen en León se han duplicado en la última década. O que la provincia ha perdido más de ochenta mil habitantes durante los últimos cuarenta años. O que somos los terceros con más conductores mayores de 74 años.


España es ya uno de los países más envejecidos del mundo. Baja natalidad y aumento de la esperanza de vida aceleran el proceso de envejecimiento de la población española. Cada año nacen menos niños y se mueren menos habitantes. La población en edad de trabajar está disminuyendo y en el futuro se reducirá todavía más. A finales del siglo XIX, la expectativa de vida media era de poco más de 50 años; hoy es de más de 80. El sueño –la ilusión- de tantas generaciones de vivir hasta los 100 años, cada vez es una posibilidad al alcance de más personas. Jubilarse ya no es como la antesala de la muerte. Afortunadamente. Es decir, un menor número de trabajadores va a tener que sostener a un mayor número de jubilados. Ante este panorama surge una pregunta “incómoda” ¿quién pagará los programas de atención a dependientes, la sanidad, el gasto farmacéutico…? 

Vamos camino de ser “un país de viejos”. Es importante hacer visible un problema que sólo perciben quienes la ven día a día: la muerte lenta de sus pueblos. Uno de los problemas más graves (y quizás menos atendidos) de España. Situación que hubiera sido más grave de no ser por la contribución de los inmigrantes durante los últimos años. Pero, como consecuencia de la crisis económica, cada vez llegan y permanecen menos inmigrantes en nuestro país. Esta situación es una “bomba de tiempo” que, si no se pone remedio, acabará explotando en forma de un insostenible gasto en sanidad, en servicios sociales y en pensiones. El desequilibrio demográfico obligará a cambios drásticos en el modelo de sociedad. Estamos condenando a la inviabilidad al modelo social que nosotros hemos heredado. Recuperar el crecimiento demográfico es fundamental para mantener muchas de las prestaciones de nuestro actual modelo económico y social.

El problema de la natalidad es acuciante y su resolución poco tiene que ver con factores ideológicos o partidistas, sino con una concepción responsable del futuro. La familia no es un asunto “estrictamente” privado. La negativa de muchas familias a tener hijos hace tambalear los fundamentos de nuestro Estado del Bienestar. Por tanto, urge impulsar las políticas de apoyo a la familia con incentivos económicos y con medidas que favorezcan –realmente- la tan proclamada conciliación laboral. El derrumbe de nuestra pirámide poblacional es el derrumbe de nuestro modelo de sociedad. Aquí está la gravedad y la urgencia.

La crisis económica –y la inestabilidad social- ha retrasado y desincentivado la maternidad. Muchas mujeres la retrasan a la espera de mejores condiciones que, a veces, nunca llegan y, si llegan, es a una edad tardía para tener y educar a un hijo. Para muchas mujeres supone una tensión entre el reloj biológico y la coyuntura económica. Las buenas prácticas de algunos países como, por ejemplo, algunos del norte de Europa, señalan que se puede revertir la tendencia incidiendo sobre las condiciones que favorecen y protegen la maternidad: permisos a compartir entre ambos padres, guarderías asequibles y reducción de la jornada laboral por crianza, entre otras, son algunas de las medidas que han demostrado ser eficaces.

O los incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el mundo rural. La verdad es que muchos estamos cansados de escuchar hablar de medidas que o no se concretan, o no son suficientes, o no son adecuadas o, sencillamente, “no son” porque no pasan de ser unas conclusiones de un estudio (“el papel lo aguanta todo”). En fin, urge impulsar políticas orientadas a favorecer la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Tomar conciencia de este problema es una cuestión de Estado. Y cuestión de Estado quiere decir que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían ponerse de acuerdo a la hora de fijar políticas que permitan si no atajar esta sangría poblacional, al menos, cambiar la tendencia. Por el bien de todos.

lunes, 7 de septiembre de 2015

No es lo que parece.

Estoy leyendo “En la orilla” de Rafael Chirbes que acaba de fallecer, y dedicó buena parte de sus obras a retratar las corruptelas de nuestro tiempo. Particularmente, en esta novela, su autor refleja el desorden económico, social y político generado por la cultura del pelotazo urbanístico. Bien, pues a lo que iba: en un momento de su historia cuenta como Esteban, su personaje principal, ve la televisión mientras come un “cóctel exótico” de frutos secos que ha comprado en una gran superficie: imagina que está degustando lo mejor de América Latina, África y el Oriente y cuando comienza a leer la letra pequeña de la etiqueta, para su sorpresa, descubre que el origen de la materia prima es “diverso"; y, tras varias reflexiones, se pregunta en qué lugares habrán rebotado estos frutos secos antes de llegar al saquito de plástico… No es lo que parece.

Jóvenes muchachos, recién graduados, con ganas de hacer cosas, que dan sus primeros e inocentes pasos en el mundo de los negocios. Así se suelen presentar, y, realmente, no es eso. Bajo denominaciones como “economía colaborativa”, “star up” o “fintech” -entre otras- se esconden sustanciosos negocios de miles de millones de dólares, de compañías a nivel global, habitualmente, con domicilio fiscal en un “paraíso” (qué denominación más injusta): lo que quiere decir que eso de que “Hacienda somos todos” parece que no va con ellos. Se suelen aprovechar del vacío normativo que suele existir para este tipo de actividades. Por ejemplo, los particulares que ofrecen sus productos y servicios a través de plataformas digitales que no pagan por sus licencias fiscales, no pagan IVA ni suelen declarar los ingresos obtenidos por este tipo de operaciones. 

Es muy cuestionable que este tipo de economía sea realmente beneficiosa; me refiero para el común de los mortales, porque, para sus protagonistas, me queda claro que está siendo muuuuy beneficiosa. Y a ejemplos conocidos me remito: alquileres vacacionales, intercambio de música y películas, compartir el coche durante un viaje…Internet ha facilitado que se promocionen este tipo de plataformas que ponen en contacto a personas que ofrecen y demandan productos o servicios… a cambio de dinero. ¿Nuevos modelos de negocio? ¿Apoyo al desarrollo de nuevos e innovadores servicios con el objetivo de incrementar la transparencia y capacidad de elección y reducir los costes para los consumidores? ¿O simplemente un “negociete” más pero revestido de modernidad…? Y así también ocurre con el “crowdfunding”: una cosa es el micromecenazgo a favor de buenas causas y otra -nada que ver- el intercambio de casas, de conocimiento, de objetos usados, de servicios, todo ello, a cambio de dinero.


Y no sólo en la economía, también en otros ámbitos de la vida. Impostores, gente que finge o engaña con apariencia de verdad. Como en la novela de Javier Cercas sobre Enric Marco, un nonagenario barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis y que fue desenmascarado en mayo de 2005, después de presidir durante tres años la asociación española de los supervivientes, pronunciar centenares de conferencias, conceder decenas de entrevistas, recibir importantes distinciones y conmover, en algún caso hasta las lágrimas, a los parlamentarios españoles reunidos para rendir homenaje, por vez primera, a los republicanos deportados por el III Reich. El caso dió la vuelta al mundo y convirtió a Marco en el gran impostor de los últimos años.

Y también en la política. Como está sucediendo con algunos de estos jóvenes profesores universitarios, de imagen personal desaliñada, con ropa de hipermercado, como uno-de-lo-nuestros suele considerarlos mucha gente. Pero, detrás de esa imagen de inocentes jóvenes mileuristas nos estamos encontrando con asesores políticos, “de colmillo”, a nivel internacional que reciben honorarios, con muchos ceros, de fundaciones, gobiernos y televisiones por sus colaboraciones. Socios de organizaciones mercantiles con objetos sociales variopintos. Asesores monetarios del gobierno de Venezuela, o colaboradores de la televisión de Irán… Esto es más de lo mismo. Vamos que tampoco es lo que parecía, que también son casta, con otra presentación –en versión acrílica- pero casta al fin.

Publicado, hoy, lunes 7 de septiembre del 2015, en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/no-es-parece_1006491.html

lunes, 24 de agosto de 2015

La huella de Isidoro.

Cuando visité por primera vez el Panteón de Reyes de la Basílica de San Isidoro, me llamó la atención el epitafio del rey Fernando I el Magno (1016-1065):

“Aquí está enterrado Fernando Magno, rey de toda España, hijo de Sancho rey de los Pirineos y Tolosa. Trasladó a León los cuerpos santos de san Isidoro arzobispo, desde Sevilla, y de Vicente mártir, desde Ávila, y construyó esta iglesia de piedra, la que en otro tiempo era de barro. Hizo tributarios suyos, con las armas, a todos los sarracenos de España. Se apoderó de Coímbra, Lamego, Viseo y otras plazas. Se adueñó por la fuerza de los reinos de García y Vermudo. Falleció el 27 de diciembre de (la era) 1103”.

El rey Fernando I, quizá uno de los hombres más poderosos de su tiempo, quiso destacar como uno de sus logros que fue él quien trasladó a León, desde Sevilla, el cuerpo de San Isidoro.


¿Quién fue este hombre? ¿Qué hizo? ¿Cuál ha sido su legado?

Este verano, en El Escorial, adonde tuve la oportunidad de participar en un curso de verano, me encontré en una librería de libros antiguos con una biografía de “San Isidoro de Sevilla” de Ismael Quiles, editado por la Colección Austral de Espasa Calpe en 1945. Un libro muy completo: biografía, análisis de su doctrina y extractos de sus principales escritos.

Pocos hombres, pocos sabios cuenta la historia de la humanidad, a los cuales deba más la cultura integral de Occidente. Figura política, religiosa y científica de los siglos VI y VII y que tendrá una perdurable influencia a través de toda la Edad Media.

Nació en Sevilla en 556. Su familia, oriunda de Cartagena, emigra a Sevilla cuando los bizantinos, en el año 554, dominaron Cartagena. Hermano de Leandro, obispo de Sevilla, y asesor del rey Recaredo. En noviembre del año 599 muere su hermano y él, a sus 43 años, es aclamado como su sucesor.

Quizá su principal virtud fue su laboriosidad. Se cuenta que sentado junto a un pozo se puso a observar los surcos trazados en la piedra del brocal. Viendo como las gotas de agua, cayendo un día y otro día lograban hacer ese trabajo, reflexionó y comprendió como lo mismo él, a fuerza de constancia, lograría grabar en su entendimiento. Recomendaba tres o cuatro horas de estudio en verano, y cinco o seis en invierno.

Recopila, ordena y codifica los cánones y decretales dispersos en la Hispania, que será durante varios siglos el código español de Derecho Canónico. En aquel tiempo no solamente correspondían al obispo los asuntos estrictamente eclesiásticos, sino que éste era también la cabeza civil de la diócesis, por encima del gobernador, y ante su autoridad se apelaban los fallos dictados por los tribunales civiles.

Un copilador de los conocimientos de su tiempo. Un copilador enciclopédico. Sintetiza la doctrina jurídico y social cristianas. Su influencia traspasa muy pronto las fronteras hispanas para penetrar y extenderse por todo el mundo cristiano. 

”Etimologías” es su principal obra. Es el fruto de sus largos años de paciente estudio, es la síntesis admirable de todos aquellos apuntes de sus innumerables lecturas. Muchos años, más de veinte, invirtió en la composición de esta obra y nunca la creía terminada, siempre encontraba algo que añadir. Las Etimologías u Orígenes son una enciclopedia, la primera que se compuso y la que sirvió de base a las que más adelante se hicieron.

En Filosofía no es autor de ninguna teoría personal, de ningún sistema nuevo, sino que su labor fue la de elegir y coordinar los materiales que le habían llegado de la Antigüedad.

En Derecho, en cambio, tiene ideas propias. Según Isidoro el poder episcopal y el monárquico deben ayudarse mutuamente a sostener la paz y practicar la justicia y a labrar la prosperidad de los pueblos. Defiende que la monarquía ha se ser electiva y fija las condiciones de esa elección.

El libro quinto trata de las Leyes. Le llevan veintisiete capítulos que tienen el gran mérito de darnos una sistematización completa de los conocimientos de Derecho de su época. Su concepto de ley es francamente democrático para su época (siglo VII): no es ley lo que el pueblo no ha decretado. 

Trata sobre la sumisión de la potestad civil a las leyes, en contra de la tradición cesarista del Derecho Romano, la ceremonia de unción de los reyes, y la debida separación entre el caudal privado de estos y la Corona (electiva, no hereditaria).

Después de las “Etimologías” la obra más completa de Isidoro, desde el punto de vista de su doctrina, es la formada por los tres libros de las “Sentencias”. Un intento de exponer en forma ordenada las verdades de la fe y de la filosofía acerca de Dios, el hombre y el mundo.

Sus libros se copian en todos los centros de cultura de la época: en Córdoba, en Toledo, en Samos, en Silos, en Ripoll, en Cerdeña, en San Millán de la Cogolla, en Sahagún.

A Isidoro se le ha señalado como el “primer español” por tener la visión de la Península Ibérica como un pueblo con sus propias características geográficas, etnográficas y culturales. Lo que luego sería España.

domingo, 16 de agosto de 2015

"¿Dónde está mi dinero...?"

La recuperación económica ha permitido un aumento en el número de afiliados de la Seguridad Social. Actualmente hay más cotizantes que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, a finales del 2011; sin embargo, se recauda menos que entonces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los nuevos afiliados son trabajadores a tiempo parcial que, lógicamente, pagan menos cotizaciones sociales. Si esto se mantiene en el tiempo (y parece que así va a ser) no hay que ser un Premio Nobel de Economía para concluir que las pensiones futuras serán menores.

Además, el sistema público de previsión tendrá que afrontar nuevos desafíos como el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de la pensión media como consecuencia de que la mayoría de los nuevos jubilados han cotizado, de media, más que los actuales, o los generados por las propias decisiones del Gobierno como el recientemente anunciado complemento a las pensiones de las madres trabajadoras. En los años en que se celebran elecciones parece como si se perdiera la cordura o la racionalidad, al menos, en cuestiones de economía. Sólo así es posible entender la medida que acabo de mencionar, o que se devuelvan las pagas extras a los funcionarios, o que no se informe a cada español de su pensión estimada futura, como estaba aprobado y anunciado.

Las previsiones demográficas son las que son. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística muestran que el número de defunciones superarán, por primera vez, al de nacimientos a partir de este año, un fenómeno que se acentuará de forma exponencial. En los próximos quince años, España perderá un millón de habitantes y unos seis millones en los próximos cincuenta años. Si no hay cambios, en 2060, los mayores de 65 años serán el 30% de la población frente al 18% de la actualidad. Si ahora cada persona en edad de trabajar paga un cuarto de pensión, en pocos años se duplicará y pagará media pensión o, según estos datos, incluso más.

No ha sido suficiente para cambiar la tendencia ampliar el periodo exigido para calcular la cuantía de la pensión, el retraso gradual de la edad de jubilación o la desvinculación de las pensiones de la evolución de la inflación. Está por verse el impacto del recorte más profundo en las nuevas pensiones, que entrará en vigor en 2019. Entonces, la Seguridad Social, fijará la primera renta mensual del jubilado de acuerdo con la esperanza de vida de la generación del trabajador que se retira. Esta es la medida que se conoce técnicamente como el factor de sostenibilidad. Y también habrá que esperar a si, finalmente, se reforma el régimen de las pensiones no contributivas: si las cotizaciones financian sólo las pensiones contributivas –que sostienen las empresas y los trabajadores- es más fácil que la Seguridad Social tenga un balance equilibrado. Por tanto, una opinión cada vez más compartida es que estas pensiones tendrían que ser más selectivas y pagarse con impuestos, no con cotizaciones sociales.

Hasta ahora la pensión pública permite mantener un nivel de vida similar al que se tenía al trabajar. Esto ya no será posible. Es un cambio económico pero, sobre todo, sociológico y cultural, de paradigma. ¿Por qué no explicar con claridad que, ante esta realidad, si la población cada vez es menor y más envejecida el sistema actual de pensiones, basado en que los que trabajan deben pagar las pensiones de los jubilados, no funcionará en los mismos términos que hasta ahora?

Pagar las pensiones y la sanidad será el gran tema político y económico de los próximos años, considerando que, cada vez, los gastos por esos conceptos aumentan a mayor velocidad que los ingresos. Advertir es una cuestión de transparencia y de honradez y, no hacerlo, es ocultar la realidad. La información “a medias” es como en el caso de las mentiras “a medias”, que no dejan de ser mentiras; en este caso, desinformación.

Desde hace años, unos y otros, dan una información sesgada (en el mejor de los casos) y se van pasando la patata caliente. Hasta ahora esto ha sido posible porque han recurrido –y con una frecuencia cada vez más alarmante- al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como hucha de las pensiones, que podría agotarse, dentro del escenario más pesimista, en un plazo de sólo cinco años, en 2020. Así se desprende de un reciente estudio a partir del análisis de los registros de la Seguridad Social, el Banco de España y las proyecciones de población para el periodo 2012-2052 del Instituto Nacional de Estadística. Otro escenario más neutro sitúa el consumo total del fondo en 2024 y, el más optimista, en 2028. 

Pero cuando este Fondo se agote (que esperemos que, por el bien de todos, sea más tarde que pronto) muchos ciudadanos nos encontraremos en la dramática -e injusta- situación que tras una vida de trabajo y de puntual pago de las correspondientes cotizaciones sociales, recibiremos –si la recibimos- una pensión mucho menor de la esperada y algunos, con razón, se preguntarán “¿dónde está mi dinero?”.

Publicado en "Diario de León", hoy, domingo 16 de agosto del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/donde-dinero_1001375.html