Pañales para adultos.

Hace unas semanas leí una noticia que llamó mi atención: En Japón, por primera vez en su historia, el año pasado, se vendieron más pañales para adultos que para bebés… En España, más temprano que tarde, viviremos una situación similar. Con nuestras actuales tasas de natalidad, dentro de medio siglo, cuatro de cada diez españoles tendrán más de 65 años. Más datos. Durante la próxima década, casi un 30% de las casas estarán habitadas por una sola persona y otro porcentaje similar, por dos.

Algunos expertos hablan de suicidio demográfico de España. No sé si será una exageración, pero, seguro, que este nuevo escenario -la combinación de envejecimiento y descenso de la población- supondrá una nueva estructura económica. Sin duda que es una buena noticia que la esperanza de vida de los españoles supere, ya, los 80 años de edad como también sucede en otras economías desarrolladas. Vamos hacia una sociedad con cada vez más jubilados, que vivirán más, y menos personas en edad de trabajar y, muchos de éstos, con contratos a tiempo parcial y contribuciones reducidas a la Seguridad Social. Y todo esto impactará de múltiples formas a nivel económico, social y presupuestario.

Perdemos población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística marcan una tendencia común a todo el país pero que, en León, se hace más profunda que en la media nacional. Aquí, lo vemos todos los días, cada vez perdemos más población y la que queda está envejecida porque, además de caer la natalidad, los jóvenes se tienen que ir a otros lugares en busca de oportunidades de trabajo. Hace unos meses conocíamos el dato de que, en León, casi un 30% de los municipios no registran ningún nacimiento en el año y, sin embargo, casi todos, si registran vecinos fallecidos. O que los centenarios que residen en León se han duplicado en la última década. O que la provincia ha perdido más de ochenta mil habitantes durante los últimos cuarenta años. O que somos los terceros con más conductores mayores de 74 años.

España es ya uno de los países más envejecidos del mundo. Baja natalidad y aumento de la esperanza de vida aceleran el proceso de envejecimiento de la población española. Cada año nacen menos niños y se mueren menos habitantes. La población en edad de trabajar está disminuyendo y en el futuro se reducirá todavía más. A finales del siglo XIX, la expectativa de vida media era de poco más de 50 años; hoy es de más de 80. El sueño –la ilusión- de tantas generaciones de vivir hasta los 100 años, cada vez es una posibilidad al alcance de más personas. Jubilarse ya no es como la antesala de la muerte. Afortunadamente. Es decir, un menor número de trabajadores va a tener que sostener a un mayor número de jubilados. Ante este panorama surge una pregunta “incómoda” ¿quién pagará los programas de atención a dependientes, la sanidad, el gasto farmacéutico…? 

Vamos camino de ser “un país de viejos”. Es importante hacer visible un problema que sólo perciben quienes la ven día a día: la muerte lenta de sus pueblos. Uno de los problemas más graves (y quizás menos atendidos) de España. Situación que hubiera sido más grave de no ser por la contribución de los inmigrantes durante los últimos años. Pero, como consecuencia de la crisis económica, cada vez llegan y permanecen menos inmigrantes en nuestro país. Esta situación es una “bomba de tiempo” que, si no se pone remedio, acabará explotando en forma de un insostenible gasto en sanidad, en servicios sociales y en pensiones. El desequilibrio demográfico obligará a cambios drásticos en el modelo de sociedad. Estamos condenando a la inviabilidad al modelo social que nosotros hemos heredado. Recuperar el crecimiento demográfico es fundamental para mantener muchas de las prestaciones de nuestro actual modelo económico y social.

El problema de la natalidad es acuciante y su resolución poco tiene que ver con factores ideológicos o partidistas, sino con una concepción responsable del futuro. La familia no es un asunto “estrictamente” privado. La negativa de muchas familias a tener hijos hace tambalear los fundamentos de nuestro Estado del Bienestar. Por tanto, urge impulsar las políticas de apoyo a la familia con incentivos económicos y con medidas que favorezcan –realmente- la tan proclamada conciliación laboral. El derrumbe de nuestra pirámide poblacional es el derrumbe de nuestro modelo de sociedad. Aquí está la gravedad y la urgencia.

La crisis económica –y la inestabilidad social- ha retrasado y desincentivado la maternidad. Muchas mujeres la retrasan a la espera de mejores condiciones que, a veces, nunca llegan y, si llegan, es a una edad tardía para tener y educar a un hijo. Para muchas mujeres supone una tensión entre el reloj biológico y la coyuntura económica. Las buenas prácticas de algunos países como, por ejemplo, algunos del norte de Europa, señalan que se puede revertir la tendencia incidiendo sobre las condiciones que favorecen y protegen la maternidad: permisos a compartir entre ambos padres, guarderías asequibles y reducción de la jornada laboral por crianza, entre otras, son algunas de las medidas que han demostrado ser eficaces.

O los incentivos para favorecer el asentamiento de nuevos habitantes en el mundo rural. La verdad es que muchos estamos cansados de escuchar hablar de medidas que o no se concretan, o no son suficientes, o no son adecuadas o, sencillamente, “no son” porque no pasan de ser unas conclusiones de un estudio (“el papel lo aguanta todo”). En fin, urge impulsar políticas orientadas a favorecer la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. Tomar conciencia de este problema es una cuestión de Estado. Y cuestión de Estado quiere decir que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían ponerse de acuerdo a la hora de fijar políticas que permitan si no atajar esta sangría poblacional, al menos, cambiar la tendencia. Por el bien de todos.

No es lo que parece.

Estoy leyendo “En la orilla” de Rafael Chirbes que acaba de fallecer, y dedicó buena parte de sus obras a retratar las corruptelas de nuestro tiempo. Particularmente, en esta novela, su autor refleja el desorden económico, social y político generado por la cultura del pelotazo urbanístico. Bien, pues a lo que iba: en un momento de su historia cuenta como Esteban, su personaje principal, ve la televisión mientras come un “cóctel exótico” de frutos secos que ha comprado en una gran superficie: imagina que está degustando lo mejor de América Latina, África y el Oriente y cuando comienza a leer la letra pequeña de la etiqueta, para su sorpresa, descubre que el origen de la materia prima es “diverso"; y, tras varias reflexiones, se pregunta en qué lugares habrán rebotado estos frutos secos antes de llegar al saquito de plástico… No es lo que parece.

Jóvenes muchachos, recién graduados, con ganas de hacer cosas, que dan sus primeros e inocentes pasos en el mundo de los negocios. Así se suelen presentar, y, realmente, no es eso. Bajo denominaciones como “economía colaborativa”, “star up” o “fintech” -entre otras- se esconden sustanciosos negocios de miles de millones de dólares, de compañías a nivel global, habitualmente, con domicilio fiscal en un “paraíso” (qué denominación más injusta): lo que quiere decir que eso de que “Hacienda somos todos” parece que no va con ellos. Se suelen aprovechar del vacío normativo que suele existir para este tipo de actividades. Por ejemplo, los particulares que ofrecen sus productos y servicios a través de plataformas digitales que no pagan por sus licencias fiscales, no pagan IVA ni suelen declarar los ingresos obtenidos por este tipo de operaciones. 

Es muy cuestionable que este tipo de economía sea realmente beneficiosa; me refiero para el común de los mortales, porque, para sus protagonistas, me queda claro que está siendo muuuuy beneficiosa. Y a ejemplos conocidos me remito: alquileres vacacionales, intercambio de música y películas, compartir el coche durante un viaje…Internet ha facilitado que se promocionen este tipo de plataformas que ponen en contacto a personas que ofrecen y demandan productos o servicios… a cambio de dinero. ¿Nuevos modelos de negocio? ¿Apoyo al desarrollo de nuevos e innovadores servicios con el objetivo de incrementar la transparencia y capacidad de elección y reducir los costes para los consumidores? ¿O simplemente un “negociete” más pero revestido de modernidad…? Y así también ocurre con el “crowdfunding”: una cosa es el micromecenazgo a favor de buenas causas y otra -nada que ver- el intercambio de casas, de conocimiento, de objetos usados, de servicios, todo ello, a cambio de dinero.

Y no sólo en la economía, también en otros ámbitos de la vida. Impostores, gente que finge o engaña con apariencia de verdad. Como en la novela de Javier Cercas sobre Enric Marco, un nonagenario barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis y que fue desenmascarado en mayo de 2005, después de presidir durante tres años la asociación española de los supervivientes, pronunciar centenares de conferencias, conceder decenas de entrevistas, recibir importantes distinciones y conmover, en algún caso hasta las lágrimas, a los parlamentarios españoles reunidos para rendir homenaje, por vez primera, a los republicanos deportados por el III Reich. El caso dió la vuelta al mundo y convirtió a Marco en el gran impostor de los últimos años.

Y también en la política. Como está sucediendo con algunos de estos jóvenes profesores universitarios, de imagen personal desaliñada, con ropa de hipermercado, como uno-de-lo-nuestros suele considerarlos mucha gente. Pero, detrás de esa imagen de inocentes jóvenes mileuristas nos estamos encontrando con asesores políticos, “de colmillo”, a nivel internacional que reciben honorarios, con muchos ceros, de fundaciones, gobiernos y televisiones por sus colaboraciones. Socios de organizaciones mercantiles con objetos sociales variopintos. Asesores monetarios del gobierno de Venezuela, o colaboradores de la televisión de Irán… Esto es más de lo mismo. Vamos que tampoco es lo que parecía, que también son casta, con otra presentación –en versión acrílica- pero casta al fin.

Publicado, hoy, lunes 7 de septiembre del 2015, en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/no-es-parece_1006491.html

La huella de Isidoro.

Cuando visité por primera vez el Panteón de Reyes de la Basílica de San Isidoro, me llamó la atención el epitafio del rey Fernando I el Magno (1016-1065):

“Aquí está enterrado Fernando Magno, rey de toda España, hijo de Sancho rey de los Pirineos y Tolosa. Trasladó a León los cuerpos santos de san Isidoro arzobispo, desde Sevilla, y de Vicente mártir, desde Ávila, y construyó esta iglesia de piedra, la que en otro tiempo era de barro. Hizo tributarios suyos, con las armas, a todos los sarracenos de España. Se apoderó de Coímbra, Lamego, Viseo y otras plazas. Se adueñó por la fuerza de los reinos de García y Vermudo. Falleció el 27 de diciembre de (la era) 1103”.

El rey Fernando I, quizá uno de los hombres más poderosos de su tiempo, quiso destacar como uno de sus logros que fue él quien trasladó a León, desde Sevilla, el cuerpo de San Isidoro.

¿Quién fue este hombre? ¿Qué hizo? ¿Cuál ha sido su legado?

Este verano, en El Escorial, adonde tuve la oportunidad de participar en un curso de verano, me encontré en una librería de libros antiguos con una biografía de “San Isidoro de Sevilla” de Ismael Quiles, editado por la Colección Austral de Espasa Calpe en 1945. Un libro muy completo: biografía, análisis de su doctrina y extractos de sus principales escritos.

Pocos hombres, pocos sabios cuenta la historia de la humanidad, a los cuales deba más la cultura integral de Occidente. Figura política, religiosa y científica de los siglos VI y VII y que tendrá una perdurable influencia a través de toda la Edad Media.

Nació en Sevilla en 556. Su familia, oriunda de Cartagena, emigra a Sevilla cuando los bizantinos, en el año 554, dominaron Cartagena. Hermano de Leandro, obispo de Sevilla, y asesor del rey Recaredo. En noviembre del año 599 muere su hermano y él, a sus 43 años, es aclamado como su sucesor.

Quizá su principal virtud fue su laboriosidad. Se cuenta que sentado junto a un pozo se puso a observar los surcos trazados en la piedra del brocal. Viendo como las gotas de agua, cayendo un día y otro día lograban hacer ese trabajo, reflexionó y comprendió como lo mismo él, a fuerza de constancia, lograría grabar en su entendimiento. Recomendaba tres o cuatro horas de estudio en verano, y cinco o seis en invierno.

Recopila, ordena y codifica los cánones y decretales dispersos en la Hispania, que será durante varios siglos el código español de Derecho Canónico. En aquel tiempo no solamente correspondían al obispo los asuntos estrictamente eclesiásticos, sino que éste era también la cabeza civil de la diócesis, por encima del gobernador, y ante su autoridad se apelaban los fallos dictados por los tribunales civiles.

Un copilador de los conocimientos de su tiempo. Un copilador enciclopédico. Sintetiza la doctrina jurídico y social cristianas. Su influencia traspasa muy pronto las fronteras hispanas para penetrar y extenderse por todo el mundo cristiano. 

”Etimologías” es su principal obra. Es el fruto de sus largos años de paciente estudio, es la síntesis admirable de todos aquellos apuntes de sus innumerables lecturas. Muchos años, más de veinte, invirtió en la composición de esta obra y nunca la creía terminada, siempre encontraba algo que añadir. Las Etimologías u Orígenes son una enciclopedia, la primera que se compuso y la que sirvió de base a las que más adelante se hicieron.

En Filosofía no es autor de ninguna teoría personal, de ningún sistema nuevo, sino que su labor fue la de elegir y coordinar los materiales que le habían llegado de la Antigüedad.

En Derecho, en cambio, tiene ideas propias. Según Isidoro el poder episcopal y el monárquico deben ayudarse mutuamente a sostener la paz y practicar la justicia y a labrar la prosperidad de los pueblos. Defiende que la monarquía ha se ser electiva y fija las condiciones de esa elección.

El libro quinto trata de las Leyes. Le llevan veintisiete capítulos que tienen el gran mérito de darnos una sistematización completa de los conocimientos de Derecho de su época. Su concepto de ley es francamente democrático para su época (siglo VII): no es ley lo que el pueblo no ha decretado. 

Trata sobre la sumisión de la potestad civil a las leyes, en contra de la tradición cesarista del Derecho Romano, la ceremonia de unción de los reyes, y la debida separación entre el caudal privado de estos y la Corona (electiva, no hereditaria).

Después de las “Etimologías” la obra más completa de Isidoro, desde el punto de vista de su doctrina, es la formada por los tres libros de las “Sentencias”. Un intento de exponer en forma ordenada las verdades de la fe y de la filosofía acerca de Dios, el hombre y el mundo.

Sus libros se copian en todos los centros de cultura de la época: en Córdoba, en Toledo, en Samos, en Silos, en Ripoll, en Cerdeña, en San Millán de la Cogolla, en Sahagún.

A Isidoro se le ha señalado como el “primer español” por tener la visión de la Península Ibérica como un pueblo con sus propias características geográficas, etnográficas y culturales. Lo que luego sería España.

"¿Dónde está mi dinero...?"

La recuperación económica ha permitido un aumento en el número de afiliados de la Seguridad Social. Actualmente hay más cotizantes que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, a finales del 2011; sin embargo, se recauda menos que entonces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los nuevos afiliados son trabajadores a tiempo parcial que, lógicamente, pagan menos cotizaciones sociales. Si esto se mantiene en el tiempo (y parece que así va a ser) no hay que ser un Premio Nobel de Economía para concluir que las pensiones futuras serán menores.

Además, el sistema público de previsión tendrá que afrontar nuevos desafíos como el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de la pensión media como consecuencia de que la mayoría de los nuevos jubilados han cotizado, de media, más que los actuales, o los generados por las propias decisiones del Gobierno como el recientemente anunciado complemento a las pensiones de las madres trabajadoras. En los años en que se celebran elecciones parece como si se perdiera la cordura o la racionalidad, al menos, en cuestiones de economía. Sólo así es posible entender la medida que acabo de mencionar, o que se devuelvan las pagas extras a los funcionarios, o que no se informe a cada español de su pensión estimada futura, como estaba aprobado y anunciado.

Las previsiones demográficas son las que son. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística muestran que el número de defunciones superarán, por primera vez, al de nacimientos a partir de este año, un fenómeno que se acentuará de forma exponencial. En los próximos quince años, España perderá un millón de habitantes y unos seis millones en los próximos cincuenta años. Si no hay cambios, en 2060, los mayores de 65 años serán el 30% de la población frente al 18% de la actualidad. Si ahora cada persona en edad de trabajar paga un cuarto de pensión, en pocos años se duplicará y pagará media pensión o, según estos datos, incluso más.

No ha sido suficiente para cambiar la tendencia ampliar el periodo exigido para calcular la cuantía de la pensión, el retraso gradual de la edad de jubilación o la desvinculación de las pensiones de la evolución de la inflación. Está por verse el impacto del recorte más profundo en las nuevas pensiones, que entrará en vigor en 2019. Entonces, la Seguridad Social, fijará la primera renta mensual del jubilado de acuerdo con la esperanza de vida de la generación del trabajador que se retira. Esta es la medida que se conoce técnicamente como el factor de sostenibilidad. Y también habrá que esperar a si, finalmente, se reforma el régimen de las pensiones no contributivas: si las cotizaciones financian sólo las pensiones contributivas –que sostienen las empresas y los trabajadores- es más fácil que la Seguridad Social tenga un balance equilibrado. Por tanto, una opinión cada vez más compartida es que estas pensiones tendrían que ser más selectivas y pagarse con impuestos, no con cotizaciones sociales.

Hasta ahora la pensión pública permite mantener un nivel de vida similar al que se tenía al trabajar. Esto ya no será posible. Es un cambio económico pero, sobre todo, sociológico y cultural, de paradigma. ¿Por qué no explicar con claridad que, ante esta realidad, si la población cada vez es menor y más envejecida el sistema actual de pensiones, basado en que los que trabajan deben pagar las pensiones de los jubilados, no funcionará en los mismos términos que hasta ahora?

Pagar las pensiones y la sanidad será el gran tema político y económico de los próximos años, considerando que, cada vez, los gastos por esos conceptos aumentan a mayor velocidad que los ingresos. Advertir es una cuestión de transparencia y de honradez y, no hacerlo, es ocultar la realidad. La información “a medias” es como en el caso de las mentiras “a medias”, que no dejan de ser mentiras; en este caso, desinformación.

Desde hace años, unos y otros, dan una información sesgada (en el mejor de los casos) y se van pasando la patata caliente. Hasta ahora esto ha sido posible porque han recurrido –y con una frecuencia cada vez más alarmante- al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como hucha de las pensiones, que podría agotarse, dentro del escenario más pesimista, en un plazo de sólo cinco años, en 2020. Así se desprende de un reciente estudio a partir del análisis de los registros de la Seguridad Social, el Banco de España y las proyecciones de población para el periodo 2012-2052 del Instituto Nacional de Estadística. Otro escenario más neutro sitúa el consumo total del fondo en 2024 y, el más optimista, en 2028. 

Pero cuando este Fondo se agote (que esperemos que, por el bien de todos, sea más tarde que pronto) muchos ciudadanos nos encontraremos en la dramática -e injusta- situación que tras una vida de trabajo y de puntual pago de las correspondientes cotizaciones sociales, recibiremos –si la recibimos- una pensión mucho menor de la esperada y algunos, con razón, se preguntarán “¿dónde está mi dinero?”.

Publicado en "Diario de León", hoy, domingo 16 de agosto del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/donde-dinero_1001375.html

Restituir no está pasado de moda.

El intercambio de bienes y servicios, desde las simples formas del trueque hasta los sofisticados mercados, se sostiene por el respeto a las leyes y por el cumplimiento de nuestros compromisos (habitualmente contratos).

Voluntaria o involuntariamente, todos estamos expuestos a perjudicar a los demás en su persona, en su propiedad, en sus expectativas. Y esto, en lo poco o en lo mucho, en transacciones comerciales o en las mil circunstancias de la vida ordinaria.

El restablecimiento de la equidad violada no es solamente un problema jurídico. Es una exigencia de nuestra naturaleza humana ante el mal cometido.

En la cultura occidental el tema de la restitución siempre ha sido un componente esencial de la ética que sustenta la convivencia humana. Restituir no está pasado de moda.

Premio Abogados de Novela.

El Premio Abogados de Novela se convoca, cada año, por el Consejo General de la Abogacía Española, la Mutualidad de la Abogacía y Ediciones Martínez Roca, del Grupo Planeta, con la intención de premiar una novela que ayude al lector a profundizar en los conocimientos del mundo de la abogacía y sus ámbitos de actuación, valores, proyección y la trascendencia social de su función.

El primer libro, distinguido por este galardón, que leí fue “El jurado número 10”, de Reyes Calderón, que recibió el reconocimiento en el año 2013. Recuerdo que se trataba de una novela interesante, amena y especialmente divertida (creo que ayuda que los personajes y el entorno sean locales); y, en este caso, también divulgativa pues da a conocer cómo funciona el jurado en nuestro sistema judicial.

Un reciente tuit de Juan Pedro Cosano (@juanpedrocosano), anunciando la publicación de “Llamé al cielo y no me oyó” me recordó que tenía pendiente escribir la reseña sobre “El abogado de pobres” su novela ganadora del Premio Abogados de Novela 2014.

Ambientada en Jerez de la Frontera a mediados del siglo XVIII, su protagonista es un abogado de pobres que tiene que enfrentarse a varios casos de corrupción, robo y falsificaciones, abusos de poder y manipulación de la Justicia. En el más importante de ellos, estarán implicados algunos de los personajes más importantes de la ciudad. Hoy como ayer, tan real como la vida misma.

La figura del “abogado de pobres” es una figura que desaparece a finales del siglo XVIII en la medida que, en las grandes ciudades, se van creando los Colegios de Abogados que se encargan de defender gratuitamente a los pobres y desamparados, designando de entre sus colegiados a quienes, por turno, deberán de hacerse cargo de la defensa de esas personas sin posibles.

Viajando a través de esta historia a los entresijos del sistema judicial de esa época concluí que la administración de justicia no ha cambiado tanto desde entonces. Ahora quizá es más profesional y, por supuesto, más garantista, pero, sin embargo, es mucho más lenta. En el siglo XVIII era impensable que un juicio criminal se celebrara, por ejemplo, dos o tres años después de ocurridos los hechos.

Juan Pedro Cosano, abogado gaditano, personifica en Pedro de Alemán, el protagonista de su relato ganador, los rasgos de un jurista, adalid de la cultura y de los valores humanos. Excelente novela, muy recomendable.

Asimismo la novela ganadora del VI Premio Abogados de Novela, “La mediadora” de Jesús Sánchez Adalid, que leí durante el pasado fin de semana, largo.

La mediación como medio alternativo de solución de conflictos está de moda. Aunque, en mi opinión, es más antigua que el hilo negro… La Abogacía es una profesión pionera en la mediación como herramienta para alcanzar el consenso entre partes en conflicto ya que los abogados, mayoritariamente, llevamos siglos promoviendo la cultura del acuerdo. 

En este proceso también pueden intervenir (y, de hecho, intervienen) profesionales de otras disciplinas lo que, en ocasiones, está dando lugar a llamativos y extravagantes casos de intrusismo profesional avalados por un más que cuestionable respaldo legal. 

Bien, pero esto no lo dice la novela sino que son algunas de mis opiniones personales sobre el tema que quiero expresar aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que soy el editor de mi propio blog.

Por su actualidad, “La mediadora” es una novela de realismo social. En España, la mediación y, en particular, la mediación familiar como método alternativo de resolución de conflictos, es relativamente reciente. 

Tiene la ventaja de que puede utilizar un mismo abogado y procurador, lo cual abarata los costes del proceso, disminuye la duración del procedimiento y, lo más relevante, elimina la figura del adversario repercutiendo de forma beneficiosa sobre la pareja y, en su caso, también sobre sus hijos, evitando situaciones de estrés y de ansiedad muy comunes en este tipo de conflictos.

En fin, tres interesantes novelas que recomiendo porque contribuyen a divulgar la profesión y a promover valores humanos a través de personas corrientes que podríamos encontrar en cualquiera de nuestros despachos. 

Por todo ello y porque, para mí, ha supuesto una oportunidad para disfrutar con la lectura de buenas novelas, quiero agradecer al Consejo General de la Abogacía Española, a la Mutualidad de la Abogacía y a Ediciones Martínez Roca por el Premio Abogados de Novela.

La transparencia no es postureo.

La degeneración de nuestra democracia se ha producido, básicamente, por falta de transparencia. En nuestro país tenemos un deficiente sistema de transparencia que ha favorecido la corrupción.

Ejemplos recientes. Hace unos meses, el PSOE denunció el pago de más de 745.000 euros, entre enero y septiembre del 2014, en “bufandas” (gratificaciones) para determinados empleados públicos autonómicos que ocupan puestos de confianza como conductores y secretarias. El portavoz de la Junta y Consejero de Presidencia las defendió porque estos empleados, dijo, tienen una disposición mayor, casi sin horarios y con fines de semana incluidos. ¿Por qué no se actúa con transparencia?: La legislación vigente prevé fórmulas para remunerar este tipo de trabajos. Por ejemplo, uno muy sencillo, sería pagar las correspondientes horas extras. 

Otro. Todavía no se vislumbra una solución en el conflicto de las ocho autopistas en riesgo de quiebra. De una u otra forma la nacionalización de sus pérdidas llegará. Bien por una decisión política que supongo que el Gobierno está revisando por impopular y escandalosa, bien porque se activen una de las garantías contractuales, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración que puede ascender -para el Estado, es decir, para todos- a una cantidad superior a los 5.000 millones de euros. Estamos ante un ejemplo más de mala administración y supervisión que -también- tiene su origen en el agujero negro de la burbuja inmobiliaria. Es destacable el cinismo de los habituales defensores de la economía de mercado, del control del déficit público que, en este caso, no tienen ningún tipo de escrúpulos en solicitar la intervención del Estado y su responsabilidad ante los miles de millones de pérdidas. El viejo discurso de privatizar las ganancias y nacionalizar las pérdidas de nuestro “capitalismo de amiguetes”.

Y otro. Lo de Bárcenas es un pozo sin fondo… Ahora se pierden unos papeles, ahora le dan permiso para irse a esquiar. Se ha escrito mucho sobre todos estos episodios y todavía más sobre quiénes recibieron sus sobres y cuánto dinero contenían. De lo que se habla poco y escribe menos es de quién facilitaba el dinero que se introducía en los sobres y a cambio de qué: trans-pa-ren-cia.

Se reducirá la corrupción si reducimos la discrecionalidad del poder. Y en este proceso la transparencia es clave. Durante años, tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP, han ido eliminando normas desarrolladas por el Derecho Administrativo para proteger el interés general y dificultar la actividad de políticos sin escrúpulos. Y, en ocasiones, el argumento para acabar con ellas ha sido que se trataba de “leyes franquistas”, o que no hay más y mejor control que el de las urnas…

Y, ojo, porque más transparencia no es más burocracia. Vayamos a hacer un pan con unas tortas… La razón de ser de las comunidades autónomas, se decía, era acercar el gobierno al ciudadano y librarse de los males de un centralismo excesivo y lejano. Pero, en muchos casos, la situación actual está suponiendo un “centralismo autonómico” con una alta concentración de poder y escasas posibilidades de fiscalización.

Sin transparencia no hay democracia. Lo que nos está pasando, en España, es por falta de transparencia. Ser transparente no es publicar datos. Y no se es más transparente por publicar más datos. No es un tema de cantidad sino de calidad, de formas de hacer, de políticas. España necesita un cambio de políticas. Y no nos engañemos: no es sólo un cambio de caras. Eso sería maquillaje, postureo: intento de parecer algo que no se es. 

Más allá de que se puedan (y deban) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de esta situación se logrará gracias a decisiones esencialmente éticas. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona. No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. La importancia de la credibilidad es mucha. 

Casi siempre que hablamos de transparencia nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la falta de transparencia de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser transparente es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino… Ésta es la transparencia de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás.

Publicado en Diario de León, hoy, 5 de mayo del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/transparencia-no-es-postureo_976467.html

Sin diputaciones provinciales viviríamos mejor.

Al inicio de esta legislatura, en marzo del 2012, UPyD presentó una iniciativa para suprimir diputaciones provinciales, fusionar ayuntamientos y acabar con los privilegios fiscales que disfrutan el País Vasco y Navarra, todo lo cual hubiera permitido un ahorro de más de 35.000 millones de euros. Cantidad de dinero que hubiera tenido un uso alternativo muy valioso para la mayoría de los españoles: no hubieran sido necesarios los recortes en servicios públicos como la sanidad o la educación. Votaron en contra el PP y el PSOE. Recientemente, Unión Progreso y Democracia de Galicia ha elaborado un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=fWYgKFVNWb8#t=34) donde explica los beneficios de la fusión de municipios. Una excelente iniciativa de pedagogía política y comunicación que se encuentra en las redes sociales: muy recomendable.

El control presupuestario es imprescindible y todos hemos visto -y sufrido- lo que sucede cuando los recortes se trasladan a la sociedad. Es necesario que sea la propia Administración la que se los aplique a sí misma y se renueve para ser más simple, ágil y eficiente, al servicio de los ciudadanos que debiera ser su prioridad. Es urgente una administración territorial más racional. El desarrollo de las competencias autonómicas durante los últimos treinta años ha situado a España como el segundo país más descentralizado del mundo, por detrás de Canadá. En comparación con otros países, nuestras comunidades autónomas tienen unos amplísimos niveles de autogobierno que, en muchos aspectos, sobrepasan las competencias de los estados de una federación; y ello sin considerar los casos del País Vasco y Navarra, únicos en el mundo. Por eso cuando el PSOE promueve el “modelo federal” no sé a qué se refiere.

En 1980, España tenía unos 700.000 empleados públicos. En el año 2011 eran unos 3.200.000 y actualmente la cifra es levemente inferior. Periódicamente nos desayunamos con el descubrimiento de nuevos asesores, una categoría opaca de individuos designados que viven el mejor de los mundos. Me explico, trabajan para una administración pública pero como no son funcionarios no ven rebajados ni congelados sus pingües sueldos. Hace poco leí que el ayuntamiento de Madrid tenía unos 250 asesores mientras que el ayuntamiento de París, con muchos más habitantes, sólo tiene 36… O que Alemania con unos 80.000.000 de habitantes tiene unos 150.000 políticos y España, con 47 millones, 445.000 políticos. 

Desde que se inició este debate a favor de una administración territorial más razonable se han dicho muchas barbaridades. Se nos pretende hacer creer que las diputaciones provinciales son parte de nuestras esencias patrias, algo así como los principios e instituciones del Derecho Romano. Y esto no es cierto. Las diputaciones provinciales se crearon en 1845 y, desde entonces, con luces y sombras, se han mantenido hasta ahora. El desarrollo del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978 fue una oportunidad perdida para evitar las duplicidades que ahora estamos sufriendo. Podrían haberse transformado en la administración periférica de los gobiernos de las comunidades autónomas pero no fue posible porque los partidos mayoritarios no quisieron compartir su gestión territorial. 

Lo razonable sería que en un país como España con más de 8.000 municipios de los cuales unos 2.600 tienen menos de 250 habitantes, y unos 6.800 menos de 5.000 vecinos, la prestación de los servicios públicos pudiera realizarse fusionando municipios para que tuvieran la dimensión y la dotación económica adecuadas. Además hay otro argumento de naturaleza política, de regeneración democrática: siempre será mejor reforzar las competencias de una administración con legitimidad democrática directa como son los ayuntamientos en vez de beneficiar a las diputaciones provinciales que son entidades representativas de segundo grado cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos.

Entonces ¿por qué no se hace? Porque a la “gran coalición” no les interesa. Son legión los allegados, familiares y amigos de políticos que cobran sueldos, buenos sueldos, en puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados. La actual dinámica institucional favorece el caciquismo y las corruptelas. Los diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos sino por los dirigentes de los partidos políticos. Y ya sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando. 

Las diputaciones provinciales tuvieron su razón de ser en el tiempo en que fueron creadas. Y, hoy, nadie puede discutir que los servicios que actualmente prestan podrían prestarse -sin ningún tipo de problemas y a un menor coste- por las delegaciones territoriales de los gobiernos autonómicos. No es posible que después de las transformaciones sociales y tecnológicas de los últimos años las administraciones públicas sigan funcionando bajo criterios del siglo XIX. La desafección de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones tiene que ver, también, con esa falta de adaptación a los nuevos tiempos. No es justo que después de varios años de crisis su gasto sea prácticamente el mismo y que la ausencia de reformas no haya detenido el incremento de nuestra deuda pública.

Por todas estas razones, por una mejor calidad de nuestra democracia, por su urgente regeneración, sería conveniente que desaparecieran las diputaciones provinciales y sus competencias se asumieran por de las delegaciones territoriales de las comunidades autónomas. Viviríamos mejor.

Publicado en Diario de León, hoy, 11 de febrero del 2015: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/sin-diputaciones-provinciales-viviriamos-mejor_956226.html

La ética de todos los días.

Existe un amplio consenso al afirmar que esta crisis se ha producido por una combinación de desenfoques y errores técnicos, y de faltas éticas. 

Ello ha puesto de manifiesto tres carencias básicas, que están en el origen de la misma: la de reglas adecuadas para regir el mercado global, especialmente el financiero; la de instituciones con capacidad suficiente para garantizar su buen funcionamiento y, finalmente, la carencia ética, sin la que esta crisis no se habría producido del modo como lo ha hecho.

Una teoría excesivamente permisiva con los mecanismos propios del mercado ha favorecido un relajamiento de las más elementales normas que guían la asunción y evaluación de riesgos; pero, a su vez, esa relajación no ha sido exclusivamente técnica, sino también propiciada por una serie de comportamientos que manifiestan fallos éticos.

Una crisis es siempre una ocasión de revisión y mejora que no puede ser desaprovechada. En este sentido hay que tener en cuenta dos peligros: el primero, nacido de la inercia, del miedo al cambio y de los intereses particulares en juego, es tratar de volver cuanto antes a la situación anterior, como si nada hubiera pasado. Este riesgo está mucho más extendido de lo que pensamos y puede limitar en gran medida la oportunidad de mejora.

El segundo riesgo consiste en pensar que la situación puede resolverse únicamente con medidas de política económica, tales como una mejor regulación de los mercados, una revisión de los métodos de evaluación de riesgos, un grado mayor de cobertura por parte de los bancos y, en su caso, las necesarias medidas de ajuste estructural.

Además de que todos nos esforcemos por debatir, encontrar y aplicar las medidas técnicas y políticas necesarias, la crisis actual denota quiebras económicas, éticas, antropológicas y culturales sobre las que es necesario reflexionar en profundidad.

Nuestro mundo, en el que todas las personas buscamos vivir con dignidad y paz, está sometido a mecanismos que generan desigualdades graves entre personas, regiones y países; a una lucha constante por mantener ventajas competitivas frente a otros; al afán de poder económico y político; a una cultura de “suma cero”, en la que no todos salen ganando, sino que unos ganan a cuenta de lo que otros pierden. 

Más allá de que se puedan (y deban…) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de los obstáculos mayores se obtendrá gracias a decisiones esencialmente éticas. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. La importancia de la credibilidad es mucha. 

Desde el punto de vista económico, la falta de credibilidad incrementa los costes. Por ejemplo, la falta de confianza en las personas y en las empresas, lleva a la necesidad de constatar la identidad y solvencia financiera de los clientes, de tal manera, que cada día son más las empresas dedicadas a proveer este servicio.

Si no hay credibilidad en la justicia, se buscan mecanismos de solución alternativos al sistema judicial. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. Es el caso de los conflictos de intereses. La falta de una clara regulación de los grupos de presión (que de hecho existen en forma de asesores o relaciones públicas) es el origen de muchos de los desaguisados de nuestra actualidad.

La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la gente, la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza.

Casi siempre que hablamos de ética nos referimos a asuntos actuales de carácter político o económico, o a la ética de los otros… Rara vez a nuestras actividades cotidianas. Ser ético es ser una persona en quien se pueda confiar. Luchar por vivir sin dobleces, sin justificar nuestras acciones cuando sean malas. Al pan, pan, al vino, vino… Ésta es la ética de todos los días, la cotidiana, la que debemos cuidar prioritariamente porque con nuestras pequeñas acciones contribuimos -o no- a generar una cultura de confianza, de respeto a los demás.

Es muy fácil asentir a grandilocuentes propuestas de regeneración ética para tal o cual institución u organización. Y no tanto responsabilizarse de la propia vida, y cuidar el impacto de nuestras acciones en otras personas. Estaremos contribuyendo a la verdadera regeneración si nos esforzamos por mejorar las relaciones con las personas con quienes habitualmente convivimos, luchando por ser más sinceros, más honrados, más responsables, más trabajadores, más serviciales, más cariñosos…Nosotros primero.

Publicado, hoy, 30 de agosto del 2014 en Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/etica-todos-dias_916912.html 

Ni participaciones ni preferentes.

En estos días, se han cumplido dos años desde que UPyD presentó una querella por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas, contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, que ostentaban esta responsabilidad al tiempo de su salida a bolsa. Y también, dos años de las primeras sentencias de los Tribunales de Justicia sobre las participaciones preferentes.

En principio, las participaciones preferentes como producto financiero no planteaban ninguna objeción desde el punto de vista jurídico. Y esto a pesar de su complejidad técnica y de los elevados riesgos para los potenciales inversores. Las objeciones, los conflictos, las injusticias surgieron con su comercialización.

Y, en particular, a clientes con ninguna o escasa aptitud  para comprender de una manera completa las características del producto cuya contratación les proponía el director de su oficina “de toda la vida”, habitualmente de una caja de ahorros. Según las estadísticas sobre afectados, más del 80% ofrecen un perfil de ahorrador tradicional (“de cartilla y plazo fijo”) y mayores de 70 años… Personas que, en la mayoría de los casos, tras una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificios y privaciones depositaron sus ahorros -y su confianza- en entidades financieras, sin ser conscientes de estar contratando un producto de altísimo riesgo.

La venta masiva de participaciones preferentes a ciudadanos de a pie o, en términos jurídicos, a clientes minoristas o consumidores, es sin duda el mayor fraude económico de nuestra historia reciente, salvando las distancias, como en su momento sucedió con la tragedia del aceite de colza. Les dijeron que eran como el depósito a plazo fijo pero con más intereses pero no les dijeron que el riesgo era elevado, que no estaban cubiertas por ningún fondo de garantía, que no tenían plazo de vencimiento y que para su venta había que acudir a un mercado secundario que no tenía liquidez inmediata.

La consecuencia de la insaciable voracidad de algunas entidades financieras, y de sus agresivas políticas comerciales, ha sido que casi un millón de ciudadanos se han visto gravemente perjudicados en sus economías. Las denominadas “participaciones preferentes” están mereciendo la reprobación de los ciudadanos y de los Tribunales porque, deliberadamente, se trata de un término que induce a engaño ya que ni son participaciones en sentido mercantil y porque no incorporan ningún derecho que, en rigor, pueda calificarse como preferente. A excepción, del “derecho” a participar en las pérdidas o riesgo patrimonial del emisor…

Afortunadamente los jueces y magistrados, en la mayoría de los casos, están haciendo Justicia declarando la nulidad de los contratos cuando así se lo han demandado los perjudicados. Sin embargo, todavía, están pendientes de concretarse las responsabilidades de quienes diseñaron, autorizaron y comercializaron un producto financiero que ha dañado la vida (más allá de lo económico) de miles de personas. Y, en particular, la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España en el ejercicio de sus funciones de obligada supervisión de las entidades financieras.

Y también está pendiente la responsabilidad de los políticos del PSOE y del PP que legislaron a favor de que las empresas pudieran financiarse a través de los eufemísticamente denominados como “territorios de baja tributación” o popularmente conocidos como paraísos fiscales.

Aquí está el origen de un problema que, además de los efectos comentados, perjudicó, también gravemente, a los accionistas que con la “deslocalización” perdieron las competencias que la ley otorga a su junta general y, sobre todo, el grave perjuicio a todos los ciudadanos españoles (“Hacienda somos todos”) porque las empresas emisoras de participaciones preferentes, domiciliadas en paraísos fiscales, dejaron de pagar en España miles de millones de euros en impuestos. En fin, esto es lo que hay… por ahora.

Publicado hoy, 5 de julio del 2014, en Diario de León: ( http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/participaciones-preferentes_902495.html ).

La República es mejor pero no es la solución.

El deterioro de las instituciones españolas no tiene su raíz en el texto constitucional. Nuestras dificultades actuales son el resultado de políticas erróneas. El problema no es económico. Es político. Es de ejemplaridad, es de coherencia, es de legitimidad. Los ciudadanos necesitamos ver que los recortes, los sacrificios, son comunes a todos.

En España, con 47 millones de habitantes, 3,5 millones de ciudadanos aportan el 75 por ciento del dinero. La progresividad únicamente surte efecto para quien depende de una nómina. Los ricos pueden refugiarse en las sicav o amenazar con trasladar su fortuna si les tocan sus privilegios.

La sociedad muestra hartazgo al ver cómo al Bárcenas de turno la declaración del IRPF le sale a devolver y, año tras año, los ingresos declarados por los trabajadores superan a los declarados por los empresarios. Muchas empresas, grandes empresas, se quejan de lo elevados que son los tipos impositivos del sistema tributario (el 25, el 30) pero, a la hora de la verdad, muchas de ellas, casi todas (las grandes corporaciones), sólo pagan el 5% y ello porque tienen privilegios para no pagar impuestos a través del exclusivo mundo de los agraciados por las exenciones fiscales.

España debe luchar contra la economía sumergida y el fraude, así como revisar la fiscalidad de las grandes compañías. La merma en la recaudación por el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas se estima en unos 42.000 millones de euros. Nada más y nada menos.

La crisis ha destruido 31 empleos privados por cada uno público. La gran reforma no acometida por el Gobierno de Rajoy es la de la Administración Pública. No se ha fusionado ningún ayuntamiento, no se ha prescindido de ninguna diputación… ¿por qué? Porque a las organizaciones del sistema no les interesa, se estima en 145.000 quienes cobran un sueldo, un buen sueldo, en sus puestos de libre designación. El ERE pendiente es el de los enchufados. 

Muchos ciudadanos están hartos. Quieren transparencia, saber qué se hace con su dinero, con el de sus impuestos, en qué se gasta. Se tiene una generalizada sensación de que cada día se paga más pero, sin embargo, empeora la enseñanza, la sanidad y todo aquello que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La venta de una –sólo una- de los cajas intervenidas (Caixa Galicia) ocasionó tantas pérdidas como el recorte en educación. Y eso a mucha gente no nos parece razonable. Hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas.

Una cosa es una economía de mercado y otra, muy distinta, una sociedad de mercado.  Ciertamente, no puede haber libertades personales y políticas si no hay también libertad de mercado. Pero una economía de mercado no se identifica con el capitalismo montaraz, ni exige la desaparición del Estado social, ni del poder moderador del Estado sobre el mercado.  Cuando esto sucede, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de mercado, en la que todo –hasta las personas- pasan a estar en venta, y el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del sistema. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado.

Los mercados no se autocorrigen. Esto ha quedado más que demostrado. Durante las últimas décadas, el PP y el PSOE, nos han intentado convencer de las virtudes de la desregulación. Y que, en todo caso, se trataba de una materia sólo apta para los científicos de la economía donde las ideas y la política no debían inmiscuirse…Hoy sabemos que eso no es así.

La experiencia documentada prueba que lo privado no funciona necesariamente mejor que lo público. Las bondades de la liberalización son claramente cuestionables.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España.

Soy republicano por una cuestión de principios. Pienso que la república es muy superior a la monarquía como forma de Estado. Una hermosa manifestación del principio de igualdad de los ciudadanos, fundamentada en nuestra común dignidad como personas. Pero no nos engañemos, la forma de estado, únicamente, por sí sola, no es garantía de nada. Y para muestra un botón: la República de Venezuela, que es el sexto exportador de petróleo del mundo, es incapaz de garantizar los servicios básicos de sus habitantes.

Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer política capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. No la forma de estado. En fin, como decía mi abuela “hijo, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Publicado hoy, miércoles 25 de junio del 2014, en Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/republica-es-mejor-no-es-solucion_900017.html ).

Hay dinero para lo que les interesa.

Una chica que tiene beca desde hace cinco años, ha estudiado su carrera con nota siempre por encima del 6’5, se preinscribe en un máster, le comunican su admisión en junio. Feliz, prepara todo, busca piso, lo encuentra, lo alquila y asume los correspondientes gastos. 

Cuando ya está lista para comenzar un nuevo año escolar, el 19 de agosto, el Gobierno de España cambia la nota mínima para obtener beca, de un 5 a un 7. Y, por tanto, se la deniegan. Ella alega que le den un plazo mínimo, razonable, para intentar mejorar su calificación, pero se lo niegan. Imposible, en tiempos de crisis cómo se le ocurre….

Sin embargo acabamos de leer en Diario de León la noticia del aplazamiento -un nuevo aplazamiento, ya van varios…- de la entrada en vigor de la conocida como “tasa Tobin” que no es sino un impuesto a los depósitos bancarios. 

Este aplazamiento va a suponer un agujero para las cuentas públicas de 640 millones de euros que ya estaban previstos en los Presupuestos Generales del Estado. 

Las autoridades españolas han mostrado su comprensión con esta medida porque, dicen, es razonable que se les dé un tiempo a los bancos para que preparen el impacto que esta tasa va a suponer en sus economías. Aquí si hay compasión, delicadeza, poco a poco, prudencia… Aquí hay potentes intereses (y presiones) en juego.

Inevitablemente este episodio también me recuerda, por su relación con el tema de fondo, el asunto de la tan anunciada -y aplazada- llegada del AVE a León, y del tan traído y llevado soterramiento a su paso por nuestra ciudad.

Que no hay dinero, que hay que ser responsables, que como se os ocurre plantear esto con la que está cayendo, que no hay dinero, que estamos en crisis… bla,bla,bla.

Sin embargo si uno lee con detalle el Boletín Oficial del Estado  comprobará que si hay dinero (y mucho) para infraestructuras, para obras públicas y, en particular para el AVE. Si sumamos las asignaciones presupuestarias aprobadas durante los tres últimos años, el resultado supera los tres mil millones de euros; y, fundamentalmente, para la construcción (acelerada) del AVE a Galicia, “patria chica” del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Fomento.

Luego dinero, haberlo “haylo”… Se agradecería que nuestros representantes fueran claros, transparentes, honrados y dijeran la verdad: hay dinero, mucho dinero, pero sólo para nuestros intereses, nuestras prioridades. 

Y sin caer en victimismos absurdos o demagógicos la realidad es que León no está ni en los intereses ni en las prioridades del Gobierno de España. Ni mi amiga Julia, la ex becaria, tampoco. Y a los hechos me remito.

Para una chica que está finalizando sus estudios con buena nota, muy por encima de la requerida durante los últimos cinco años para lograr una beca, no hay comprensión, no hay flexibilidad, no hay razones para darle tiempo, un tiempo mínimo y razonable, para mejorar su nota y mantener la tan necesaria ayuda económica…. 

Pero para los bancos e instituciones financieras, sujetos de este impuesto (la tasa Tobin), que han ganado miles de millones de euros durante el último año (de lo que yo me alegro porque eso beneficia al interés general), un no sé cuántos por ciento más que el año pasado, y ello a pesar de la crisis (de lo que también me alegro porque espero que eso suponga, al fin, el restablecimiento del crédito para familias y empresas), para ellos si hay tiempo, periodos transitorios, de adaptación, para que la agresividad de ciertas medidas políticas -dicen- no perturbe sus vidas y haciendas….

Lo que está sucediendo es más viejo que el hilo negro. Un nuevo episodio de la ley del embudo: condescendiente con los poderosos e implacable con los débiles. Esto es lo que hay.

¿Por qué es un despilfarro o una irresponsabilidad defender el soterramiento del AVE a su paso por León y no lo es iniciar la construcción de nuevos tramos cuando éste todavía no está terminado? ¿Cómo que no hay dinero para financiar los 350 millones de euros que cuesta nuestra obra si se han gastado, sólo hasta la fecha, más de 3.000 millones de euros en el AVE a Galicia?

Si no hay dinero, no hay dinero para nada ni para nadie… Como dice el refrán: “o todos moros o todos cristianos”. Es decir, igualdad de trato.

Lo otro es cinismo, mentira, manipulación, y engaño. Y, sobre todo, una falta de respeto. Nos tratan como imbéciles cuando merecemos un trato de ciudadanos. 

En fin, hay que buscar razones para el optimismo. Siempre suele haberlas y, en este caso, también las hay. 

En un Estado Social y Democrático de Derecho la indignación y/o el ajuste de cuentas entre representantes y representados se realiza a través del ejercicio del sufragio, votando. Así que ahora es cuando.

Publicado hoy, martes 20 de mayo del 2014, en Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/hay-dinero-interesa_891095.html ).

¿Por qué han desaparecido las Cajas de Ahorros?

La semana pasada tuve una interesante charla sobre este asunto con simpatizantes y afiliados de Unión Progreso y Democracia de León. 

A continuación, les comparto una síntesis de algunos de los puntos sobre los que dialogamos:

Las cajas de ahorros más antiguas se crearon hace unos trescientos años como instituciones sin ánimo de lucro, cercanas a las personas y con una clara función y responsabilidad social. Supusieron una fuerte competencia para los bancos ya que controlaron más del 50% del mercado: durante muchos años no hubo ningún banco que fuera líder en ninguna provincia.

Se vieron afectadas por los cambios impulsados por los ideólogos de la desregularización que, en Estados Unidos, lograron la derogación de la ley Glass-Steagall que desde 1930 a 1999 separó las actividades de la banca comercial y de la banca de inversiones, y limitaba su ámbito territorial de actuación.

En España este cambio internacional de regulación coincidió con el desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas y, a la flexibilización de su estatus jurídico, se añadió la politización de sus órganos de gobierno.

A diferencia de otras crisis sufridas por el sistema financiero español, en la del 2007, la reacción fue demasiado lenta, entre otras razones, por la resistencia de las Comunidades Autónomas y por la falta de coordinación con el Banco de España.

A partir del 2010 se inicia un proceso acelerado de “transformación” con graves errores como la salida a Bolsa de entidades en estado de insolvencia, una maraña de artificios legales y contables y, siempre, un déficit de información clara a inversores, depositantes y ciudadanos.

Como consecuencia de las reclamaciones de miles de damnificados hemos ido conociendo escandalosos casos de nepotismo en las contrataciones de personas, bienes y servicios que, aun siendo legales, repugnan a los principios éticos de la mayoría de los ciudadanos.

Cuesta creer que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y uno se pregunta por qué nadie protestaba o pedía cuentas... salvo que los responsables de hacerlo estuvieran logrando algo a cambio. Para muestra, por ejemplo, la lectura de los correos de Blesa es muy ilustrativa.

En fin, de las primeras pérdidas oficiales de 15.000 millones de euros (si uno lo intenta pasar a pesetas sufre el riesgo de desmayarse) pasamos a los 150.000 millones de euros de un año después... una desviación irracional, escandalosa. Y uno se pregunta, también, dónde estaban las autoridades responsables, por qué no tomaron medidas concretas más allá de las "advertencias", teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y que la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, de 1988, hubiera permitido, por ejemplo, al Banco de España, intervenir, sancionar e incluso actuar sobre los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

El endeudamiento provocado por este expolio hipoteca nuestro futuro y el de varias generaciones de españoles, por muchos años. Y tanta fusión y concentración, en mi opinión, supone una situación próxima al oligopolio, y un mayor riesgo sistémico. En fin, el tiempo dirá.

Quizá una de las consecuencias más injustas de la desaparición de las cajas sea el impacto negativo -desatención, incluso riesgo de exclusión del sistema bancario- que va a tener en los ciudadanos de las zonas rurales, en los pequeños empresarios, sobre todo en Castilla y León.

La común -e interesada- posición de los políticos de los grandes partidos es que las cajas de ahorros no han desparecido sino que se han transformado… Suma y sigue con la perversión del lenguaje. Las cajas de ahorros no tenían accionistas, no repartían dividendo, y sus beneficios (miles de millones de euros) se invertían en interés social de la comunidad a la que servían.

Me cuesta creer que los dueños de los actuales bancos en que se han “transformado” las cajas de ahorros vayan a ser igual de generosos.

Además, las Administraciones Públicas no están (y no lo van a estar durante un largo tiempo) en condiciones de llenar el vacío que deja la Obra Social de las Cajas de Ahorros que invertía miles de millones de euros en actividades asistenciales, educativas, deportivas, etc.

Por último, aspectos positivos de estos sucesos. La verdad es que cuesta… Uno sería que, ahora, la supervisión sobre los bancos vuelve a ser única; y, dos, que estos acontecimientos están sirviendo para movilizar a muchos ciudadanos contra la desvergüenza de algunos políticos, contra su impunidad, y a favor de superar el déficit democrático que padece nuestra sociedad.

Sin duda que con otra política es posible otro futuro, un mejor futuro.

Publicado el día 7 de marzo del 2014, en Diario de León ( http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/por-han-desaparecido-cajas-ahorros_872762.html ).

Elogio de la simplicidad.

Una de las acepciones que nuestro diccionario da sobre el término simple, la tercera, dice “sencillo, sin complicaciones ni dificultades”.

Toda traducción corre el riesgo de no transmitir la intención o la carga emotiva que subyace detrás de la misma expresión en su idioma original y, por tanto, el título de esta entrada no es una excepción.

Quien trabaje o haya trabajado con norteamericanos apreciará cuán cierto es esto, pues en la explicación, o más relevante todavía, en el diseño de la solución a un problema, una cuestión verdaderamente importante es que ésta se pueda comunicar en términos simples.

“Keep it simple” suelen decir ellos; hacer o mantener las cosas simples. Trabajar sobre lo esencial, privilegiar el objetivo buscado y, sobre todo, desechar toda acción o paso que no conduzca directamente a este último de una manera eficiente.

Un imperativo que resulta primordial para el reconocido pragmatismo de los norteamericanos, y que lamentablemente para muchas personas y organizaciones se encuentra absolutamente ausente de su consideración.

Es más, en ocasiones, quizá por alguna misteriosa razón que todavía no he logrado desentrañar, todo aquello que pueda ser concebido o explicado en términos simples despierta entre muchas personas una inmediata desconfianza en una doble y perniciosa dimensión: en primer término en cuanto a su efectividad, es decir, que una solución simple, por este solo hecho, no puede ser tal y, en segundo lugar, en cuanto a su credibilidad, esto es, que una solución o explicación de esta naturaleza no puede ser verdadera o, al menos, es tan sólo de carácter parcial.

Qué es lo que nos lleva a no reconocer el tremendo valor que tiene privilegiar la búsqueda de soluciones simples es una pregunta de difícil respuesta. 

Una primera alternativa es que tendemos a confundir lo simple con todo aquello que no demanda esfuerzo, lo que es un error ya que, por lo general, sucede al contrario, mientras más simple es la respuesta más difícil resulta encontrarla.

La segunda es que, tal vez, la explicación debamos hallarla en un sistema educativo que premia la cantidad por sobre la creatividad y que, como no podría ser de otra manera, después se reproduce casi automáticamente en nuestra vida laboral; no importa tanto el cómo vas a responder en clase sino el cuánto vas a responder, ni luego el qué vas a producir sino en cuánta cantidad lo vas a hacer.

Los resultados están a la vista, muchas personas y organizaciones sólo son buenas para producir bienes y servicios fáciles de copiar y de reemplazar, y malas para los productos y servicios de un mayor valor agregado.

Reconocer el valor de la simplicidad es importante para quienes tengan el propósito de mejorar.

Creíbles.

La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad.

Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona. 

No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. 

La importancia de la credibilidad es mucha. 

Desde el punto de vista económico, la falta de credibilidad incrementa los costes. Por ejemplo, la falta de confianza en las personas y en las empresas, lleva a la necesidad de constatar la identidad y solvencia financiera de los clientes, de tal manera, que cada día son más las empresas dedicadas a proveer este servicio.

Si no hay credibilidad en la justicia, se buscan mecanismos de solución alternativos al sistema judicial.

La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando.

La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. Es el caso de los conflictos de intereses. La falta de una clara regulación de los grupos de presión (que de hecho existen en forma de asesores o relaciones públicas) es el origen de muchos de los desaguisados de actualidad.

La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. 

En la opinión de la gente, la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza.

En fin, ¿pero esto tiene solución…? ¡Claro que sí!: tan sencillo como que cada uno de nosotros sea mejor y cumpla sus promesas y compromisos.