@MendozayDiaz

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domingo, 16 de julio de 2017

Detrás de los números hay personas.

Cáritas Diocesana de León ha presentado su Memoria de Actividades 2016 que recoge las acciones desarrolladas a través de sus programas a favor de las personas excluidas. Leerla me ha llevado, con facilidad, a reflexionar sobre la aguda crisis que estamos padeciendo; sobre el sufrimiento de muchas personas, especialmente las más desprotegidas. 

Crisis es la palabra que envuelve tantos y tan variados problemas característicos de la situación económica y social de estos últimos años. La gente-de-a-pie la siente como una amenaza que pende sobre la estabilidad de sus puestos de trabajo, así como en los recortes salariales, los expedientes de regulación de empleo o el paro. La vemos y padecemos en la regulación de las pensiones y el recorte o desaparición de ayudas sociales. Muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, la sufren en la dificultad para acceder al crédito o en la disminución de sus pedidos. Estos hechos son realmente graves. No podemos esconder la cabeza frente a los que está ocurriendo, ni mucho menos, mirar para otro lado frente al sufrimiento de tantas personas. Estas situaciones manifiestan las carencias de fondo de nuestro modelo económico y social. Y, más allá de la economía y de la política, implica igualmente cuestionarnos nuestra forma de vivir. 

La actual crisis está directamente relacionada con la tendencia predominante de confiar el funcionamiento del mercado financiero a su capacidad de autorregulación. Esta tendencia nos ha conducido a la desregulación, privatización y liberalización de los mercados financieros. En tal situación de autorregulación, los mercados financieros han tenido graves fallos, que evidencia una profunda quiebra ética. Uno de los resultados ha sido la producción de “burbujas” que acabaron por contaminar y reventar todo el sistema. Otro fenómeno inquietante ha sido la importancia creciente del sector financiero en el conjunto de la economía. Si bien el sistema financiero juega un papel clave e insustituible, su crecimiento exagerado no ha guardado relación con el conjunto de la economía. Esta creciente separación entre industria financiera y economía real ha de ser profundamente examinada y evaluada a la luz de la crisis. La innovación financiera ha avanzado notablemente, colaborando así a la mejora de la economía; sin embargo, hay que distinguir con claridad este factor positivo de los perniciosos efectos causados por ciertas prácticas de “ingeniería financiera” sin las que probablemente la crisis, de producirse, habría sido mucho menos virulenta. Enloquecidos por el objetivo inmediato de perseguir resultados a corto plazo, se han dejado de lado dimensiones propias de las finanzas como favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde favorecen la economía real, el bienestar de las personas.


La crisis ha evidenciado el progresivo distanciamiento entre la llamada “economía financiera” y la denominada “economía real”. Sus consecuencias han resultado desastrosas al haberse desencadenado una espiral de causas y efectos: colapso financiero, parón industrial e inmobiliario, sequía de inversiones en bienes y equipos, alto y rápido incremento del desempleo, fuerte contracción del consumo, brusca caída de los ingresos fiscales, déficits presupuestarios inasumibles y, como consecuencia, una diferencia creciente entre los recursos disponibles y las medidas necesarias de protección social. Esta cadena, aparentemente “técnica”, tiene, sin embargo, un final trágico para muchas personas y familias que han perdido su trabajo y sus ingresos, ven con angustia la disminución e incluso desaparición de ayudas sociales, resultan expulsadas del sistema económico y corren el riesgo de serlo del sistema social.

Curiosamente, para salir de la crisis los gobiernos tuvieron que rescatar a los mercados e instituciones financieras de su auto-debacle. Mediante una ingente inyección de dinero público. De la noche a la mañana, el principio “cuanto menos gobierno, mejor” fue sustituido por “los gobiernos deben actuar urgente y decididamente para evitar un desastre”. Es obvio que las cuestiones que tal paradoja plantea son de profundo calado financiero, económico, político y ético: es necesario refundar el sistema financiero internacional sobre nuevas bases. La economía no es éticamente neutra. Es una actividad humana y, como tal, debe ser articulada e institucionalizada. 

En fin, no niego lo que de beneficioso y necesario tiene el mercado; sin embargo, opino, que no es cierto que lo mejor para el interés general sea dejar que el mecanismo del mercado obre con entera libertad sin ninguna interferencia de ningún tipo. Nunca ha existido ningún mercado tan libre ni perfecto, ni podrá existir, por la sencilla razón de que los mercados están operados por personas y grupos, sujetos a sus propias debilidades e intereses, Aunque sólo fuera por esto, el recto juego del mercado debe ser garantizado por los poderes públicos, que deben impedir toda práctica lesiva para el interés general. Detrás de esos números hay personas concretas, con historias de angustias y tragedias. Y no olvidemos que cuando se comete un error en cuestión de derechos, el error no se llama error, sino se llama injusticia.

Publicado en "Diario de León" el viernes 14 de julio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/detras-numeros-hay-personas_1174449.html

lunes, 10 de julio de 2017

Cláusulas nulas por abusivas.

Todo comenzó con las hipotecas subprime, que en los Estados Unidos eran aquéllas en las que el prestatario contaba con antecedentes de impago, retrasos o no constaba su capacidad de pago por no haber pedido créditos en el pasado; la cuota de amortización era elevada respecto al salario, o la proporción del préstamo era muy alta con relación al valor de la vivienda. Las consecuencias de la toxicidad de este tipo de “préstamos” se extendió a España a través de la titulización de los créditos: un sistema de financiación para las entidades de crédito a través de una compleja cesión de los derechos de cobro sobre su cartera de préstamos hipotecarios. Así la crisis se contagió desde el mundo financiero al económico quedando atrás la actividad típica bancaria y las reglas más elementales del “arte de prestar”. Los problemas surgieron cuando la banca comercial se contaminó con malas prácticas de la banca de inversión, cuyos directivos no contaban con la paciencia para percibir sus beneficios según se amortizara el préstamo hipotecario, pues lo que pretendían es “maximizar beneficios”, es decir, ganar mucho dinero, como sea, lo más rápido posible, cuanto antes: aquí-te-pillo, aquí-te-mato. 

Contratar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona, ya que implica un compromiso financiero que puede durar décadas. En nuestro país, según datos del Banco de España, aproximadamente el 97% de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito eran a tipo variable. De los préstamos a tipo variable, un tercio, aproximadamente, contaba con la cláusula suelo, lo que impedía a los prestatarios beneficiarse plenamente de la bajada del índice de referencia más extendido, el Euribor a un año. La cláusula suelo es lícita en términos generales, como ha admitido el Tribunal Supremo: para limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés de referencia, pueden estipularse limitaciones al alza -las denominadas cláusulas techo- y a la baja -las llamadas cláusulas suelo-, que operan como topes máximo y mínimo de los intereses a pagar por el prestatario. Ahora bien debe cumplir con el siguiente requisito: la exigencia de que una cláusula contractual deba redactarse de manera clara y comprensible es una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de forma que el consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Es decir, garantizar el consentimiento informado del consumidor.


La protección del prestatario, especialmente si es consumidor, es considerado por el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica. El consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en la capacidad de negociación como en la información que maneja cada una de las partes (“asimetría informativa”), lo que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas: auténticas “lentejas” … Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013 exigía que el cliente conociera, antes de la celebración del contrato, la cláusula suelo y el efecto que durante la ejecución del contrato pudiera tener sobre el coste real del crédito, para que pudiera adoptar la decisión de contratar con pleno conocimiento de causa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre del 2016, a mayores, determina que lo que es nulo lo es a todos los efectos, por lo que la situación debe quedar íntegramente restaurada, como si la cláusula suelo no hubiera existido. Consecuencia inmediata de esta sentencia es el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: un procedimiento para la resolución extrajudicial de las posibles diferencias entre las entidades y sus clientes. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Se entiende que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo y que el consumidor puede adoptar las medidas que estime oportunas -por ejemplo, presentar una demanda- si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor, si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante, si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida, o si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

En fin, llegó el día. La mayoría de los afectados presentaron sus reclamaciones durante los meses de febrero y marzo y, por tanto, en estos días se está cumpliendo el plazo de tres meses. A partir de ahora la vía judicial es el siguiente paso. En el Derecho Civil español la regla general es la nulidad con derecho a restitución íntegra. Si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Después de lo sufrido con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo es casi milagroso que algunas entidades financieras todavía tengan clientes.

Publicado, ayer, 9 de julio del 2017, en "Diario de "León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/clausulas-nulas-abusivas_1173329.html

martes, 20 de junio de 2017

Despatarre fiscal.

Estaba recuperándome de la impresión por la penúltima indicación de los gurús de la ideología de género sobre cómo debe sentarse un hombre para evitar el “despatarre”, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado contraria a la Carta Magna la conocida como “amnistía fiscal”, medida que permitió la regularización de rentas no declaradas a un tipo reducido del 10% sin exigencia de intereses, recargos ni sanciones. Ha sido declarada inconstitucional por haber utilizado un Real Decreto-Ley en un caso en el que se afectaba, de forma relevante, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado la argumentación del Gobierno de Rajoy de que la medida y su aprobación por vía de urgencia se justificaban por la situación extrema de las cuentas del Estado, al entender que la regularización afectó al precepto constitucional de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento del gasto público. No es la primera vez que, recientemente, los gobiernos del Partido Popular reciben una colleja (“jurídica”, pero colleja al fin) por la forma de tramitar leyes. Así, el año pasado el Tribunal Supremo anuló el reparto del déficit autonómico del año 2013 porque no siguió el procedimiento adecuado en su tramitación. Ay-ay-ay, es que las prisas nunca han sido buenas consejeras.

El Tribunal Constitucional recuerda al Gobierno cuál es su capacidad reguladora en materia tributaria. La potestad de establecer los tributos corresponde al poder legislativo, aunque, sin embargo, se admite que, en circunstancias excepcionales, el poder ejecutivo pueda tomar decisiones de este tipo, pero condicionadas a su rápida convalidación por las Cortes Generales. Pero esta capacidad tiene límites: no puede afectar a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando el modo de reparto de la carga tributaria que debe corresponder a la generalidad de los contribuyentes. En pocas palabras, lo que el Tribunal Constitucional dice es que el Gobierno de Rajoy se ha extralimitado en sus competencias invadiendo las de las Cortes Generales. O en expresión de moda, una especie de “despatarre fiscal” …


Un aspecto polémico de esta sentencia es que no permite que sean revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo del desautorizado Decreto-Ley. Y ello según su particular interpretación del principio de seguridad jurídica. Una salomónica decisión que ha intentado conciliar el principio de legalidad (respeto a los procedimientos) y el principio de seguridad jurídica (estabilidad y confianza en las relaciones jurídicas). Pero, más allá de disquisiciones jurídicas, para el común de los mortales, esta decisión es escandalosa, injusta. Una porque muchos de los protagonistas de los principales casos de corrupción se acogieron a esta amnistía fiscal que les permitió regularizar su situación a pesar de que incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, con exoneración de sanciones y recargos: una medida injusta porque les coloca en una situación más favorable que la de quienes cumplieron voluntariamente, y en plazo, su obligación de contribuir. Y dos, porque -en mi opinión- la mejor doctrina de Teoría del Derecho sostiene que si algo es nulo, lo ha sido desde siempre y no debe producir ningún efecto. Es posible que éste sea uno de los aspectos más polémicos de la sentencia, como así lo fue en el caso de la sentencia del Tribunal de Supremo de 9 de mayo del 2013, sobre las cláusulas suelo, al impedir la devolución, con carácter retroactivo, de las sumas indebidamente pagadas por los prestatarios con origen en las cláusulas declaradas nulas por abusivas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, determinó que lo que es nulo, lo es a todos los efectos, por lo que la situación debía quedar íntegramente restaurada como si el acto jurídico anulado no hubiera existido. 

Pero, es cierto, que el único competente para interpretar la constitucionalidad de nuestras leyes es el Tribunal Constitucional. Lo demás son opiniones, más o menos razonables, pero siempre opiniones. Sin embargo, lo que en buena democracia no es opinable es que la sentencia no tenga efecto alguno en el ámbito político, que nadie asuma responsabilidades políticas. Alarmante. La falta de credibilidad en la política y en los políticos ha llevado a que muchos ciudadanos no tengan interés en participar, ni siquiera votando. La gente normal ve a los políticos lejos de la realidad; y muchas de sus acciones, aun siendo legales, se perciben como poco éticas. La responsabilidad política como asunto de ética no se considera. Las dimisiones son rarísimas y casi nadie asume responsabilidades por la función que desempeña. En la opinión de la mayoría (y así lo confirman las encuestas), la credibilidad o la falta de ella, se forma lentamente en el tiempo y generalmente no está asociada a un suceso específico, sino a un cúmulo de acontecimientos o detalles que alimentan la confianza o desconfianza. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona.

La política necesita aire fresco y sabio. Y esto no es cuestión de edades sino de ideas. Algunas de las propuestas de estos jóvenes políticos de moda son más antiguas que la rueda: a sus hechos me remito. La demagogia y la mentira prenden con mucha facilidad en situaciones como la que actualmente atraviesa España. Quizá España necesite un nuevo contrato social. O no. O baste con mejoras, con nuevas formas de hacer políticas capaces de construir un proyecto de futuro que genere ilusión a la mayoría de los ciudadanos. Donde lo importante sea el contenido, el qué se hace y el cómo se hace. En fin, hay otras formas, alternativas, de hacer las cosas: por el bien de España.

Publicado en "Diario de León" el domingo 18 de junio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/despatarre-fiscal_1168650.html

miércoles, 14 de junio de 2017

El hilo negro.

El contexto político actual en el que operan empresas y organizaciones de todo tipo, en Europa y en América, está impregnado por el fenómeno de los populismos. Es previsible que la lógica populista tenga un impacto cada vez mayor en la sociedad a medio y largo plazo. Por un lado, más allá de su manifestación en movimientos o partidos políticos, de izquierdas o de derechas, que llegan al poder o a ocupar un espacio político relevante en determinados países de nuestro entorno, los populismos son manifestaciones de profundas tensiones sociales, culturales y económicas, que exigen un discernimiento cabal de sus causas y de sus consecuencias profundas.

Históricamente las revoluciones sociales han cristalizado en demandas sociales irrenunciables que han transformado el marco de acción de las instituciones. Las políticas populistas concretas, las que se viven hoy y ahora en muchos países, tienen ya de hecho efectos múltiples en la vida y en la actividad de las empresas y de las organizaciones, que deben de buscar el modo de seguir cumpliendo con su misión en un entorno cada vez más complejo y a menudo adverso. Sin embargo, convivir con los populismos exige a las empresas, a las organizaciones, reflexionar sobre esta realidad y plantearse qué son los populismos, cómo han surgido, cuál es el horizonte futuro del impacto de los populismos en la sociedad, o si están preparadas para afrontar sus retos y desafíos.

Gracias al Instituto de Empresa y Humanismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra he participado en un coloquio sobre estos asuntos que ha sido una verdadera oportunidad para aprender, para generar un intercambio de ideas entre académicos y empresarios, y participar en una discusión y un debate de altura. Pararse a pensar y a reflexionar sobre temas de fondo que ayudan a entender los retos y desafíos que se plantean en nuestra sociedad tiene un valor incalculable en la intensa y frenética vida de los responsables de empresas y organizaciones.

Estos movimientos tienen su origen en demandas insatisfechas, promesas incumplidas y, en mi opinión, sobre todo, en la quiebra moral del capitalismo financiero. Demasiadas personas se han sentido -y se sienten- abandonadas, decepcionadas. Los diagnósticos populistas suelen tener puntos de anclaje ciertos en la realidad. El verdadero problema está en sus soluciones. Comparto el diagnóstico que realizan estos abanderados, pero no sus soluciones mágicas. De entrada, no creo en soluciones simples para problemas complejos. Y, menos aún, que pretendan presentarlas como históricamente novedosas. Me niego a reconocerles el-valor-de-la-novedad, fundamentalmente, porque no es verdad. La mayoría de las soluciones que estos señores presentan son más antiguas que el hilo negro: tan fácil como releer a Marx, Engels, Lenin, Gramsci… Y, más recientemente, a Chaves o al inefable Maduro (en este caso ya que no es posible leerle -es un personaje ágrafo- nos tendremos que conformar con escucharle…). 

Los escritos que inspiraron la revolución Rusa, la Cubana, la Sandinista o la Bolivariana están trufados de estas mismas “soluciones”. Cualesquiera de estos movimientos sociales no sólo no han solucionado los problemas que dijeron que iban a solucionar, sino que han sido una desgracia para la humanidad. En España, muchas de las lindezas, ocurrencias y “novedades” de nuestros populistas de turno se pueden encontrar, literalmente, en los diálogos de los personajes de la novela “Los cipreses creen en Dios” de José María Gironella, una crónica de la Segunda República, una de las novelas más leídas del siglo XX. Menuda “novedad” …


La política como teatro, espectáculo, es una degeneración. Política sin ideas, sin presupuestos concretos para transformar el mundo, no es política. Nuestro Estado social y democrático de derecho sigue siendo mejor sistema para el desarrollo de España. Necesitamos -eso sí- fortalecer nuestras instituciones para que huyan del cortoplacismo, de los intereses de partido y tomen decisiones racionales, justas. Conformar una nueva generación de dirigentes, públicos y privados, que conozcan y comprendan a fondo las dimensiones fundamentales de las organizaciones, de tal manera que puedan vivir la práctica del gobierno con una visión amplia y humanista. Que entiendan el sentido de servicio que define la acción de gobierno. Saber gobernar es saber servir.

Publicado, en "Diario de León", el domingo 11 de junio del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/hilo-negro_1166996.html

miércoles, 31 de mayo de 2017

Estudiantes que estudien.

La universidad fue, durante años, el reducto de esperanza de lo que tarde o temprano habría de venir. Hoy, y desde hace décadas, se ha convertido en un producto-de-primera-necesidad. Y, periódicamente, cuestionada porque -dicen- “no sirve para nada”… Las urgencias de nuestra sociedad han sustituido el pensar por el hacer: “¿qué sentido tiene financiar una institución dedicada al pensamiento en una sociedad que no tiene tiempo para pensar porque tiene mucho que hacer?”.

La universidad ha de convertirse en el lugar donde se aprenda a ejercer un modo de ser. La mentalidad universitaria no se puede impartir. No es un saber técnico que se pueda endosar mediante instrucciones o reglamentos. La enseñanza es un contagio; se trata de contagiar una afición y, para eso, es imprescindible, ante todo, tenerla. La clave está en que el profesor transmita al alumno esa sensación de que lo que hace también lo haría gratis, porque le gusta. A la hora de la verdad, la educación tiene como protagonista al profesor. “Personalizar” la enseñanza no es llegar a una relación profesor-alumno que permita al primero adivinar los pensamientos del segundo, o viceversa; supone establecer una relación que permita plantear el trabajo como un esfuerzo conjunto, que sitúe a cada alumno no sólo más cerca del profesor, sino -sobre todo- en una relación más personal con los demás alumnos.

Pero, en general, la realidad es otra cosa… Los exámenes siguen siendo hoy, dueños y señores de la universidad. La clase sólo es un mero anuncio de lo que se llevará al examen. La única variante posible de esta conversación es si el examen escrito será o no en forma de test…Además, el estudiante continúa erre-que-erre con la vieja reivindicación de “una asignatura, un libro”. Una de las principales preocupaciones del estudiante es enterarse de cuál es “el libro” de cada profesor. Y, a falta de éste, aspirará a contar, al menos, con unos apuntes que le sirvan de sucedáneo (“¿Puede usted repetir?”). Parece, pues, que, a algunos estudiantes, el único “saber” que realmente les interesa es el saber a qué atenerse…Muchos estudiantes no saben leer, ni parece importarles. Leer poco, clarito, en castellano y a poder ser en letra grande. El déficit de lectura y el progresivo aumento de la formación audiovisual va haciendo estragos. 

A la universidad sigue llegando todo hijo de vecino, sea cual sea su capacidad intelectual. Pero el resultado final, si no es justo, es al menos igualitario: todos los que entraron reciben una titulación, en muchos casos, insuficiente para trabajar. Lo de menos es cómo funcione el servicio, lo importante, eso sí, es que sea ¨público”. Pero esta derivada da para otra reflexión. El único modo eficaz de garantizar que ningún talento quede fuera, es, por lo visto, que no quede fuera nadie… Si todo el mundo es bueno para entrar en la universidad, todo el mundo será bueno para seguir en ella hasta terminar una carrera. Todo parece resuelto: el modelo garantiza la igualdad de acceso (nada de selectividad) y la igualdad de salida (nada de cursos o asignaturas selectivos). Sin embargo, en nuestra universidad existe, por supuesto, selectividad a pesar del tabú imperante. Y, en mi opinión, tal selectividad es injusta e irracional. No hay trabajo para todos. Y dado que los títulos no seleccionan, la selección se impondrá por otros criterios, “el día después”, a través de las relaciones familiares o políticas. 

Los motivos que aconsejan una selección del alumnado son, al menos, estos: Uno, falta de capacidad de todos los ciudadanos para poder asumir el nivel de exigencia que a enseñanza “superior” lleva consigo. Dos, falta de capacidad de los centros para albergar a todos los peticionarios, sin renunciar a llevar a cabo en su integridad la tarea que justifica dicha demanda. Y tres, falta de capacidad de la sociedad, para ofrecer a todos los titulados el puesto profesional a que su formación prometía encaminarles, ocasionando así frustraciones personales y derroche de recursos.

Por último, urge favorecer que el estudiante sea capaz de dar sentido profesional a su trabajo, y que -con sus derechos- se sienta comprometido a asumir sus responsabilidades cívicas. Todavía se sigue escuchando aquello de si tu hijo estudia o trabaja… Se entiende que estudiar no es trabajar, ni ser estudiante asumir hábitos y responsabilidades profesionales. La verdad, y lo afirmo con tristeza (pensando en su bien), algunos viven en una especie de minoría de edad hibernada. Un ejemplo: el trabajador que acude a la huelga asume un claro sacrificio: pierde su correspondiente salario, le cuesta dinero. Esto garantiza que este derecho fundamental se ejerza con responsabilidad y prudencia. Sin embargo, el estudiante que aclama en asamblea la propuesta de una huelga, no se juega un colín. De hecho, está utilizando como pintoresco medio de protesta las vacaciones pagadas. El derecho de huelga ejercicio en esas condiciones es, cuando menos, curioso… Y otro ejemplo más: la ingeniería académica construye puentes por delante o por detrás mientras los trabajadores-de-verdad siguen faenando. Si algún profesor insinuara que dará por explicada la correspondiente parte del programa, será acusado de recurrir a intolerables represalias “fascistas”. 

Conceptualmente, la calificación de la enseñanza universitaria como “enseñanza superior” marca un salto cualitativo respecto a los estudios “medios”: profesor y alumnos acuden a clase, con la lección bien leída, dispuestos a abrir un diálogo crítico -capaz de aumentar la comprensión de lo ya estudiado- a descubrir problemas ocultos bajo las soluciones hasta ahora conocidas y a abrir posibles nuevas vías de enfoque. A la enseñanza superior se le supone un nuevo modo de trabajar. Visto lo visto, este tipo de enseñanza superior no es más que una enseñanza “posterior”. Mejor llamar a las cosas por su nombre.

Publicado en "Diario de León", hoy, miércoles 31 de mayo del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/estudiantes-estudien_1164318.html

jueves, 27 de abril de 2017

Comer en familia.

Llevamos un ritmo de vida tan ajetreado que estamos perdiendo costumbres tan buenas como las comidas en familia. Pensar que, entre semana, padres e hijos podamos comer juntos nos parece una idea imposible. Es clara la influencia positiva de estos momentos de intimidad familiar sobre el desarrollo de los hijos y las relaciones entre los miembros de la familia, especialmente para los adolescentes. Hábitos tan saludables como el comer en familia o la sobremesa no están suficientemente valorados. Es cierto que, en algunos casos, nuestras actividades exigen largos desplazamientos, horarios difíciles, etc., que hacen muy difícil reunir a la familia a diario.


Quizá si conociéramos sus beneficios, nos esforzaríamos más por pasar juntos cuantos más momentos mejor. La comida en familia nos permite comer saludablemente, contarnos unos a otros cómo nos ha ido el día, escucharnos a los demás y estrechar los lazos familiares. Especialmente con nuestros hijos adolescentes, estos momentos pueden ser definitivos para crear un clima de comunicación y de confianza con ellos. Los padres también somos responsables de preparar a nuestros hijos para la vida social, personas que se distingan por su trato agradable. Por sus buenas maneras. Imprescindible para su futura relación con los clientes. Las buenas maneras en la mesa es un tema de interés para muchas organizaciones, empresas.

Comer en familia también enseña a mantener una conversación, a escuchar y a contar. Además, y esto es especialmente relevante, las comidas son ocasiones naturales para asimilar la historia y los valores de la familia, y a aplicar estos valores en la vida cotidiana, con las contrariedades y oportunidades del día a día. Estar atento a las necesidades de los demás, levantar el ánimo con una anécdota divertida, generosidad para dejar a otro la mejor porción de postre… Tanto los mayores como los pequeños ayudan a preparar la comida, a quitar la mesa, a fregar los platos, a servir a los demás. La comida familiar nutre necesidades biológicas y sociales básicas. Nos permite realizar aquello en que consiste ser una familia: cuidamos unos de otros, compartimos cosas, recorremos junto el camino de la vida. Los recuerdos más significativos de nuestra infancia suelen ser –o no- el cariño mutuo, el compartir, el pasar el tiempo juntos. Quizá a diario no sea posible, pero hemos de intentar reservar, al menos, todas las cenas y los fines de semana. Comer juntos no lo es todo para la intimidad y el bienestar familiar, pero sin duda es una parte importante. Hace cincuenta años también había padres con extensos horarios de trabajo, que viajaban mucho, y madres que trabajaban fuera de casa. Y ya entonces también había quienes tenían la costumbre de tomar algo antes de volver a casa…

Una norma básica para que una comida familiar sea digna de tal nombre: sin intrusos, sin televisión, sin teléfonos… sin distracciones electrónicas. La comida familiar es sin duda el entorno ideal para aprender a comportarse en la mesa. Desde pequeños los niños aprenderán de sus padres e irán adquiriendo el hábito de las buenas maneras. Cosas tan elementales como qué cantidad es razonable servirse o en qué consiste una comida equilibrada, a hacer pausas para participar en la conversación, comer de todo… También una protección natural contra la obesidad, la anorexia y otros trastornos alimentarios, hoy tan de moda. Comer en familia también enseña a los niños a mantener una conversación, a escuchar, a contar. También es una fuente de aprendizaje de vocabulario y cultura general.

A las tradicionales causas sobre por qué cada vez es más difícil comer juntos hay que añadir el excesivo número de actividades extra escolares de los hijos: artes marciales, letón, natación sincronizada, oboe… La verdad es que también hay algo, o mucho, de comodidad. Y, por supuesto, no todos estamos dispuestos a reconocerlo. Prefiero comer cerca de la oficina, tomarme una copa con los compañeros y llegar a casa cuando los niños estén dormidos… En fin, son tan pequeños. Ya les dedicaré tiempo cuando sean mayores… La cohesión familiar está en peligro, pero, fundamentalmente, por peligros internos, por nosotros, por nuestra comodidad y egoísmo. En bastantes casos no hay diferencias entre algunas familias y compañeros de piso. No nos escudemos en la política social de algunas autoridades, la influencia de los medios de comunicación u otras lindezas… ¿Haces todo lo posible por comer, al menos, varios días con tu familia? ¿Te compensa el esfuerzo, lo tienes claro? Empecemos por aquí.

Publicado en "Diario de León", hoy, jueves 27 de abril del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/comer-familia_1156181.html

jueves, 16 de marzo de 2017

Las pensiones de viudas y huérfanos.

Desde hace unos días sabemos que el Gobierno va a destinar 225 millones de euros para prejubilar al veinte por ciento de los estibadores. Cantidad a la que se sumarán los 350 millones ya previstos para lo que -en lenguaje cortesano- se denomina “la subrogación de los pasivos laborales en el cambio de modelo de empresas en el sector portuario” y que, traducido al lenguaje del común de los mortales, quiere decir que se va a destinar dinero público contante y sonante -¡otra vez!- para solucionar un conflicto social de carácter privado.

Este método de “solucionar" problemas o conflictos tiene los días contados con un sistema de seguridad social que está a punto de saltar por los aires no sólo por el envejecimiento demográfico sino, también, por este tipo de corruptelas. 

En este caso estamos hablando de unos seis mil empleados y, alguien, con cierta razón, podría argumentar que no es para rasgarse las vestiduras. Pero, realmente, todo suma: hoy estibadores, ayer empleados de las antiguas cajas de ahorro, antes de ayer, los mineros… Suma y sigue.

Unos paisanos que, con poco más de cincuenta años, se van a casa con en torno al setenta por ciento de su sueldo que, en el caso que nos ocupa, dicen, es superior a los sesenta mil euros al año… Aquí paz y después gloria. 

Y, tal como están las cosas, es decir, el sistema de pensiones, el verdadero problema no está en lo que se llevan sino en lo que van a dejar de aportar: las cotizaciones sociales de unos trabajadores que todavía tenían por delante unos veinte años más de vida laboral.

Vamos a ver qué dicen de estos desmanes las autoridades de la Unión Europea o de la OCDE, sobre todo estos últimos que, en sus últimas recomendaciones, estaba la de restringir las pensiones de viudedad y orfandad a los casos de rentas más bajas para aliviar costes al sistema. Tal cual, con un par…

El dinero destinado a este asunto es ¿mucho o poco? Pues usted mismo: hoy dicen los diarios de información económica que la fusión de Bankia y BMN permitirá recupera 400 millones de ayudas y se presenta esta cantidad como un argumento de autoridad a favor de esta fusión.

Por cierto, que de los más de 51.000 millones de euros que España “inyectó”, es decir, regaló al sector financiero para rescatar cajas mal gestionadas, hasta la fecha, sólo se ha recuperado en torno a un cinco por ciento. Pues, digo yo, que lo razonable sería empezar a buscar por aquí el dinero necesario para cuadrar las cuentas y dejar en paz las pensiones de viudas y huérfanos.


Espero que este despropósito no se llegue a concretar ni tampoco las “advertencias bíblicas” a los “faraones” que carguen la mano contra viudas y huérfanos. Por el bien de todos.

viernes, 3 de marzo de 2017

Mejor con su abogado.

La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una debacle financiera a escala global de la que el mundo todavía no se ha recuperado. Su bancarrota no sólo acabó con un banco más que centenario y dejó una deuda de más de seiscientos mil millones de dólares sino que, además puso a prueba aquello de “demasiado grande para caer”… El Tesoro de los Estados Unidos de América optó por desechar este aforismo, por no rescatar a Lehman y por mostrar que ninguna entidad es demasiado grande para quebrar.

En España, la onda expansiva del pinchazo de la “burbuja” dejó al descubierto el agujero que se había generado en los balances de cajas y bancos, sobre todo por los créditos millonarios concedidos a los promotores inmobiliarios. Estas prácticas, desde el punto de vista contable, eran un engaño. Las entidades se anotaban como ingresos intereses que eran ficticios, de créditos que -sabían- que -difícilmente- iban a cobrar. Y no se anotaban las provisiones necesarias, el ratio de morosidad era incorrecto y se reflejaban beneficios irreales. Comenzaron entonces las prisas por buscar dinero, liquidez, pero los mercados estaban cerrados a cal y canto. A algún gurú de la ingeniería financiera se le ocurrió trasladar el agujero a los ahorradores: si los bancos necesitaban dinero qué mejor que captar el dinero de sus clientes, que lo tenían plácidamente guardado en depósitos a plazo fijo, y traspasarlo a preferentes, hipotecas multidivisa, obligaciones convertibles, depósitos estructurados, swaps, cláusulas suelo… Todos ellos, en lenguaje cortesano, denominados productos financieros “asimétricos” que -en román paladino- quiere decir que la banca siempre gana y que el cliente, en la gran mayoría de los casos, pierde.

En el caso de las cláusulas suelo, en el año 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que limitaba los efectos de la retroactividad de la declaración de nulidad argumentando que, en caso de que los bancos tuvieran que reintegrar la totalidad de lo cobrado, la viabilidad del entonces recién rescatado sistema financiero podría ponerse en cuestión. La Comisión Europea en un documento que remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en octubre del 2015, sostenía que el cese en el uso de una determinada cláusula nula por abusiva como consecuencia de una acción individual ejercitada por un consumidor no era compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad, y que, tampoco, era posible que un tribunal nacional pudiera moderar la devolución de las cantidades que hubiera pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información. Y así fue.

El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medias urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito con las que tengan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Ahora bien, tras este fallo, el afectado no tiene, necesariamente, todas las de ganar si va a los tribunales porque el juez puede entender que el banco fue lo suficientemente transparente en la documentación que le entregó al cliente. E, igualmente, a través del procedimiento previsto en el decreto anteriormente mencionado. Ojo porque la casuística es enorme y, a veces, compleja: plazos, quién y cómo calcula el dinero cobrado de más, fórmulas sustitutivas, etc. 


En ocasiones, algunos bancos actúan con displicencia o prepotencia ante las reclamaciones de sus clientes, no las responden o lo hacen a través de una carta tipo en la que te agradecen y dicen que lo van a ver, etc… Distinta es la atención y el trato cuando la reclamación se presenta, mediante asistencia letrada, advirtiendo de que en caso de no recibirse respuesta satisfactoria trasladará su escrito al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o se presentará una demanda ante los tribunales de justicia. En estos casos, suelen correr y volar, llaman al cliente e intentan un acuerdo antes de que se abra el correspondiente expediente administrativo o se inicie el proceso judicial. 

Para muchas personas afectadas estas situaciones están siendo motivo de sufrimiento. Según los resultados del estudio “Finanzas y salud” las personas afectadas por un fraude bancario tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, depresión y crisis de ansiedad, un deterioro de la calidad del sueño y un empeoramiento de la calidad de vida. Los asesoramientos de “cuñados” y de “lo-leí-en-internet” suelen terminar mal, muy mal. Sólo un abogado puede ofrecer, en estos casos, un asesoramiento rápido y eficaz, profesional. Mejor con su abogado.

Publicado en "Diario de León", hoy, 3 de marzo del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mejor-abogado_1142265.html

lunes, 20 de febrero de 2017

Polvos y lodos.

Turquía continúa en la encrucijada de su identidad como nación a caballo entre oriente y occidente, el secularismo y la religión, la modernidad y la tradición. La palabra “turco” era el nombre de la tribu dominante de guerreros nómadas y significa “hombre fuerte”. El símbolo otomano era la cola de caballo, cuantas más se mostraban delante de la tienda, mayor el rango. Dejar las cosas por escrito no formaba parte de las preocupaciones de sus gobernantes: eran nómadas. Sin embargo, afortunadamente, hay fuentes suficientes que documentan los hechos más relevantes de estos siglos de nuestra historia.

Constantinopla, la última capital del imperio romano, ocupaba una posición estratégica en el comercio mundial porque disponía del mejor puerto natural entre Europa y Asia. Por esta razón se convirtió en la capital del imperio que sucedió al romano, el otomano o turco, en 1453, y la posición estratégica de la ciudad sigue siendo evidente en la actualidad. En 1580 Constantinopla tenía setecientos cincuenta mil habitantes, mucho más grande que cualquier otra ciudad europea. Para que tengamos un punto de referencia sería como unas tres veces más grande que el París de la época.

El reinado de Solimán que iba a durar casi cincuenta años (1520-1566) fue el punto culminante del imperio otomano. Nuestro Carlos I era el gran rival de Solimán. En esa época, los turcos llegaron hasta Roma provocando la huida del papa. Lo consiguieron, en parte, porque la “cristiandad” no era sólida. La Reforma había estallado en Alemania y extendido a Países Bajos comenzando largas guerras de religión: “mejor turco que papista” proclamaban algunos protestantes. La megalomanía estaba de moda. Y, también, la crueldad. Era la época de personajes como Vlad El Empalador (1431-1476). Vlad III, príncipe de Valaquia (hoy el sur de la actual Rumanía) era considerado un gobernante de una gran crueldad. El empalamiento que consistía en introducir por el recto un palo muy afilado y delgado, que después se empujaba con mucho cuidado y muy lentamente hacia arriba, evitando todos los órganos vitales. Para salir por el cuello de la víctima. Si el empalador se equivocaba, de manera que la víctima moría con rapidez, también era empalado… Consta que el soberano de Valaquia aplicó este castigo en miles de casos.

Y dos ejemplos más. Uno, a finales del siglo XVI, se extendió la costumbre de que cualquier chica que complaciese al sultán podía tener un hijo suyo, y si era varón, se la mantendría en una situación privilegiada. Si el hijo se convertía después en sultán, ella -como encarnación de la madrastra malvada- dirigía la ejecución de sus hermanastros, a veces niños pequeños, a los que el jefe de los jardineros (ésta era una de sus funciones) asfixiaba con un cordel de seda. Con la seda no se vertía sangre… Y dos: El patriarca ortodoxo era el terrateniente más grande del imperio y el cargo estaba muy disputado… Entre 1453 y 1918, sólo cuatro patriarcas murieron en la cama durante el ejercicio del cargo.

Norman Stone, profesor de Historia y autor de “Breve historia de Turquía”, opina que existen muchos puntos de conexión entre Turquía y España: imperio mundial, con siete siglos de historia islámica y después una nación-estado marcada por la omnipresencia de los gobiernos militares. Turquía no sufrió una guerra civil como la española, pero su experiencia en la Primera Guerra Mundial presenta paralelismos escalofriantes. La guerra de seis años contra Rusia, iniciada en 1768, fue el principio del fin. Y puso punto y final al monopolio otomano del Mar Negro. Por su parte, la guerra de Crimea se considera la primera guerra moderna. Ya existía el telégrafo eléctrico que permitía informar cada día de los acontecimientos, y éste llegó a la propia Crimea en 1855. Algunas fuentes afirman que el zar Nicolás I se enteró en San Petersburgo de lo que estaba pasando por el “Times” de Londres. A partir de entonces, en los sucesivos conflictos bélicos, los periódicos adquirieron protagonismo y, también, la opinión pública.


La partición del imperio otomano es el origen de algunos de los actuales -y más importantes- conflictos de ámbito internacional: los estrechos para Rusia, Siria para Francia, Egipto y el petróleo de Irak para Gran Bretaña. En ese tiempo, el odio entre turcos y griegos había ido creciendo y la coexistencia era casi imposible. Los rusos pensaron que sus intereses quedarían mejor servidos por una Turquía débil. Hay autores que sostienen que la Primera Guerra Mundial se inició realmente en 1911 y terminó en 1923, y ambas fechas están relacionadas con asuntos turcos. 

El profesor Norman Stone, uno de los historiadores de referencia en este asunto, sostiene que el imperio otomano es un fantasma que persigue al mundo moderno. Desapareció del mapa al final de la Primera Guerra Mundial, y los vastos territorios que controlaba han vivido un problema detrás de otro. Opino que no le falta razón. Pensemos en lo que hoy está sucediendo en Palestina, Irak, Ucrania… o en Siria. Polvos y lodos, otra vez.

Publicado, hoy, lunes 20 de febrero del 2017, en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/polvos-lodos_1139288.html

lunes, 16 de enero de 2017

Más allá del informe PISA.

El debate sobre los resultados del último Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) se está centrando, casi exclusivamente, en las preocupantes y, en algunos casos, escandalosas diferencias entre comunidades autónomas. Es razonable que sea así porque estas diferencias tan sustanciales en la educación de los españoles suponen un grave quebranto del principio de igualdad, uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra Constitución de 1978, que acabamos de celebrar y, que últimamente, tantos, y con tanta insistencia, quieren reformar. 

Aprovechando la publicación de estos resultados podrían considerarse las ventajas de que el Gobierno de España recuperara las competencias sobre Educación, una materia "estratégica" para el futuro de los ciudadanos españoles: un solo sistema educativo para todos, independientemente de nuestro lugar de residencia. Igualdad de oportunidades. Lo que no necesita del consenso o de las mayorías necesarias para una reforma constitucional es conocer más sobre los resultados de estos informes que, periódicamente, evalúan la educación que reciben nuestros hijos. 

Me refiero que sería muy interesante y valioso que los padres de los alumnos que han realizado estas pruebas pudieran comparar los resultados de sus hijos con los de sus compañeros de clase, de centro educativo, de ciudad, de comunidad autónoma, de país. Si, por ejemplo, mi hijo hubiera obtenido 495 puntos en matemáticas, me gustaría saber cuál fue el puntaje máximo y mínimo en su misma clase, de todas las clases del mismo grado de su colegio y, compararlos, también, con los resultados máximos y mínimos en matemáticas (siguiendo con el ejemplo) obtenidos por los alumnos de su edad en nuestra comunidad autónoma, en España, etc...

Esta información, por razones obvias, sería muy valiosa para que padres y profesores pudiéramos enfocar los planes de mejora para nuestros hijos y alumnos y, también, un ejercicio básico de transparencia, de justicia, para poder reconocer el trabajo de los profesores y centros educativos que lo están haciendo bien, y para corregir el de aquellos que lo están haciendo mal. Porque en los grandes números uno se puede confundir y caer -fácil e injustamente- en la tentación de decir que algo está bien o mal cuando el número del resultado es "plural" en su composición, pues, incluso en las comunidades autónomas donde los resultados han sido (globalmente) un desastre, hay casos concretos de alumnos, de profesores y de centros educativos que han obtenido un puntaje destacable; y, también, al contrario, dentro de las grandes cifras de los buenos resultados se esconden situaciones concretas manifiestamente mejorables.

Y todos estos análisis serían posibles si-y-solo-si se entregara a los padres de los alumnos la información comparativa de los resultados de sus hijos. Y, todavía mejor, para todos, si se ampliara la muestra de los alumnos y de los centros educativos participantes. Los datos están y la tecnología para su procesamiento también. Lo único que falta es la decisión política de hacerlo, de ser más transparentes. Pensando en el interés general de los españoles, en nuestro futuro, porque lo que no se mide, lo que no se compara, difícilmente se podrá mejorar.


La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Así, India y Egipto tienen miles de años de antigüedad y son pobres. Por el contrario, Australia y Nueva Zelanda tienen poco más de cien años y son países desarrollados. La diferencia entre países pobres y ricos tampoco está en los recursos naturales con que cuentan. Japón tiene un territorio muy pequeño, el ochenta por ciento es montañoso y, sin embargo, es una potencia económica mundial. Su territorio es como una inmensa fábrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados. Básicamente, así logra su riqueza. También contamos con el ejemplo de Suiza, sin océano y con una de las flotas navieras más importantes del mundo. En sus pocos miles de kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva sólo durante cuatro meses al año (el resto es crudo invierno) pero produce productos lácteos de la mejor calidad. Tampoco la inteligencia es la diferencia. Tenemos muchos ejemplos de estudiantes de países muy pobres que emigran a países ricos y obtienen excelentes resultados en su educación.

Entonces ¿qué es lo que marca la diferencia?... La actitud de las personas. Tan sencillo como observar y analizar el comportamiento humano: orden, honradez, responsabilidad, esfuerzo, trabajo, ambición, respeto... Por tanto, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de contribuir de manera clara a una sociedad mejor: identificando y siendo más responsables y esforzados en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y las autoridades, el deber de crear las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas que faciliten el desarrollo de las personas, de los ciudadanos, sobre todo, a través de un sistema educativo de calidad.

Publicado en "Diario de León", ayer, domingo, 15 de enero del 2017: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/mas-alla-informe-pisa_1129772.html

domingo, 8 de enero de 2017

Tiempo de puertas giratorias.

Pensando en el interés general convendría revisar algunas de las leyes que regulan el paso de un cargo público a la empresa privada, popularmente denominado “puerta giratoria”. Una expresión, lamentablemente de moda, para definir el aprovechamiento de lo público en beneficio de lo particular.

Por ejemplo, los departamentos fiscales de los bufetes de abogados siguen nutriéndose de altos cargos de Hacienda, en concreto, de inspectores y abogados del Estado expertos en materia tributaria que han estado defendiendo los intereses recaudatorios de la Administración, y han participado en la redacción de leyes y resoluciones fiscales. Profesionales especializados en ámbitos tan específicos como investigación de fraude, regulación o blanqueo de capitales que, en cuestión de semanas, pasan de-estar-aquí-a- estar-allá… O de ser el responsable de supervisar a bancos a trabajar para ellos. Estos profesionales están siempre solicitados, pero es, en los momentos finales de cada legislatura, cuando muchos buscan una salida en este tipo de despachos. Más: hace tiempo que supimos que abogados del Estado, en excedencia, asesoraban a fondos extranjeros en arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Estos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración sin grandes restricciones.

Este trayecto de algunos funcionarios y políticos del mundo privado al público, y viceversa, con billete de ida y vuelta, suele provocar -lógicamente, desconfianzas. Por ejemplo, un funcionario de la Agencia Tributaria que, durante los últimos diez años, ha trabajado como responsable de la inspección de grandes contribuyentes y que, de un día para otro, pide una excedencia y comienza a trabajar en un despacho de los que asesoran a los “grandes contribuyentes” en sus litigios con Hacienda… Sin duda, los “puertas giratorias” reportan beneficios a las empresas que los contratan. Y perjuicios para-el-común-de-los-mortales: pensemos en la costosa inversión del Estado, durante años, en la formación y desarrollo de sus altos funcionarios para que luego las empresas privadas se aprovechen de su madurez profesional. 

En la Unión Europea, en España, hay casos documentados de cómo compañías de sectores regulados se han visto favorecidas por decisiones administrativas que han sido generosamente recompensadas a sus responsables con sillones de consejeros en estas empresas. Unos cuarenta políticos que han desempeñado importantes responsabilidades (presidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, presidentes de Comunidades Autónomas, embajadores…) son -actualmente- consejeros de las empresas más importantes de España. Y aunque hay varios estudios que lo demuestran, no hay nada mejor que observar como las empresas que anuncian el nombramiento de antiguos diputados o senadores o altos funcionarios, experimentan una subida de su cotización bursátil. 

El cinismo y el desparpajo de algunos no tiene límites cuando se les pregunta sobre el conflicto de intereses: no existe tal porque me dedico a dar una perspectiva sobre cuestiones que afectan a la economía global… Genial, qué manera de retorcer el lenguaje. Este “tránsito” es especialmente delicado en sectores regulados donde las decisiones empresariales se toman por los subordinados, amigos o compañeros del nuevo consejero. No siempre es así, pero hay casos, demasiados casos, en que determinadas designaciones responden a favores, influencias, o también, al pago de fidelidades internas.

Este fenómeno requiere de una mejor regulación. Mucho más restrictivo en determinados ámbitos como, por ejemplo, en Justicia. Una mayor transparencia para combatir los excesos que se han producido, que son demasiados… Política y Justicia deben permanecer prudentemente separadas de modo que no sean necesarios actos de fe sobre la rectitud de las personas implicadas. No se trata de descender al detalle de situaciones personales sino de tomar conciencia sobre la necesidad de fijar unas reglas generales que no permitan que, por ejemplo, un juez que entra en política (ya sea en una candidatura, ya sea en un cargo de confianza) pueda volver, sin más, al servicio activo. En Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se deja la judicatura para entrar en la empresa privada se pierde cualquier tipo de derecho sobre la plaza. Y si, alguien quisiera a regresar a la carrera judicial, tendría que volver a opositar. No como aquí que arriesgo-pero-sin-arriesgarme.

Cuando estos asuntos generan “ruido mediático”, hay quienes se apresuran a crear órganos u oficinas para regular los posibles conflictos de intereses. Y la vida sigue igual porque quienes elaboran los dictámenes no suelen ser personalidades independientes sino subordinados del político de turno. Lo razonable sería que nadie que haya estado en cargos públicos (del nivel que estamos considerando) pueda estar luego en empresas o sectores regulados, al menos, en los cinco años siguientes a abandonar el cargo. Una incompatibilidad de dos años no es suficiente. Si los mandatos son de cuatro años, al pasar dos, hay gente conocida que todavía permanece. Y, además, aunque esto, en cierto modo, se sale del tema, el problema de fondo es que muchos políticos ganan más, a veces mucho más, de lo que ganaban antes. Y esto es la madre de muchos corderos… Y todavía más leña para este fuego: una gran parte de nuestros políticos, con responsabilidades a todos los niveles, sólo sabe o puede vivir de la política.

Urge clarificar (“hacer transparente”) la red de relaciones entre los grupos económicos y el poder político. Hay empresas, sectores completos, que su cuenta de resultados depende, a menudo, más de las decisiones de lo público que de su propia gestión. Se trata de una cuestión de higiene democrática.

Publicado, hoy, domingo, 8 de enero del 2017, en "Diario de León": 


viernes, 23 de diciembre de 2016

A favor de la gente auténtica.

Pertenecer al exclusivo “Club de los 50” tiene ventajas, muchas ventajas.... Una de ellas es haber visto pasar abundante -y diversa- agua debajo del puente y, así, uno recuerda a los “sans culottes”, los descamisados, las sin sujetador o aquella aristócrata de moda en los ochenta, famosilla por dejar evidencias varias de que no usaba ropa interior… En fin, toda una serie de personajes que quisieron decir algo de sí mismos a través de su vestimenta. 

El protocolo en la forma de vestir siempre ha sido un tema. Ya, en su época, D. Antonio Machado escribió sobre el “torpe aliño indumentario”. Más recientemente, recuerdo, a finales de los 70 y principios de los 80, la puesta en escena de las chaquetas de pana de algunos políticos, y su fugacidad… Vamos, que esto no es nuevo. El disfraz de progre. El abandonarse en el vestir como símbolo de cercanía, de apariencia proletaria. En el fondo pienso que se ha tratado de una recurrente estrategia de comunicación de algunos políticos por “humanizarse”, por ser (parecer) uno-de-los-nuestros.


Las corbatas ya no dan votos. Ahora lo que se lleva son las mangas de camisa. Una especie de uniforme cada vez más habitual en los actos institucionales. En mangas de camisa y sin corbata. Y si te empeñas en llevar chaqueta, eso sí, tiene que ser una al-estilo-de-Luís-Aguilé, Y, además, si quieres parecer más progre y más de izquierda, tienes que llevar la camisa por fuera del pantalón. Un atuendo más propio de un día de campo, de barbacoa, tortilla de patata y porrón. Y de esta guisa se presentan, algunos, muchos, cada vez más, sin el más mínimo rubor, en las ceremonias oficiales. Para algunos es el look de la nueva política, para el común de los mortales el uniforme de los desaliñados de toda la vida. 

Para estos personajes se acabó aquello de vestirse bien como muestra de respeto, de consideración, de deferencia hacia las personas con quien uno va a convivir. Primero -poca cosa- fueron los abrigos que fueron sustituidos por chubasqueros como los del marido de la tía Eustasia, la de Luarca… Los abrigos de-toda-la-vida, con lo calentitos y elegantes que son. Es llevar este juego al despiste demasiado lejos: con el frío que hace en León. Y -los otros-, claro, se acomplejan y también se disfrazan. Y compiten a ver quién la tiene más desaliñada. Es muy probable que no quieran confundir, ojalá que no engañar. Que la élite económica prescinda de la corbata -símbolo de poder durante tantos años- eso si me pone en guardia… ¿qué quieren ocultar? En fin, los políticos, y también los directivos de empresas, no utilizan la corbata para despistar a la gente, para aparentar ser lo que realmente no son, gente como uno.

Pareciera que el descuido en el vestir (y en el hablar) nos ayudará a mejorar nuestra sociedad, a hacerla más justa… Todavía no encuentro el punto de conexión, por más vueltas que le doy. Pienso que se confunde la velocidad con el tocino, y el decoro y la buena educación con el tacticismo político. Como está sucediendo con algunos de estos jóvenes profesores universitarios, de imagen personal desaliñada, con ropa de hipermercado, como uno-de-lo-nuestros suele considerarlos mucha gente. Pero, detrás de esa imagen de inocentes jóvenes mileuristas nos estamos encontrando con asesores políticos, “de colmillo”, a nivel internacional que reciben honorarios, con muchos ceros, de fundaciones, gobiernos y televisiones por sus colaboraciones. Socios de organizaciones mercantiles con objetos sociales variopintos. Asesores monetarios del gobierno de Venezuela, o colaboradores de la televisión de Irán… Esto es más de lo mismo. Vamos que tampoco es lo que parecía, que también son casta, con otra presentación –en versión acrílica- pero casta al fin.

El mundo se ha hecho cada vez más más complejo y las informaciones que recibimos, cada vez más simples. La palabrería barata está reemplazando al debate de las ideas. Y como, parece, que lo del “torpe aliño indumentario” no terminar de resultar, ahora, están poniéndose de moda unos programas de televisión donde los políticos nos abren las puertas de su casa. Qué ternura… Humo, más humo. Yo lo que quiero es que hablen de política, escuchar sus propuestas. A mí me importa una jícama si sabe hacer croquetas o el color de los azulejos de su cuarto de baño. Me da la impresión de que están intentando -con éxito- jugar al despiste… Yo lo que quiero es que me digan qué proponen -por ejemplo- para mejorar el sistema de pensiones, la educación o acabar con la despoblación de nuestros pueblos cuestión ésta que, en León, es prioritaria. No me interesan las otras habilidades. Sin duda que serían una simpática conversación para la hora del café. A ver si es que mientras exhiben sus habilidades para el ganchillo o elaborar una mayonesa decente no hablan de lo que tienen que hablar. A mí me interesa, qué proponen, qué saben de administrar, de gestionar. Que, desde tiempo del faraón, una cosa es predicar y otra dar trigo.

Publicado, hoy, 23 de diciembre del 2016, en "Diario de León": http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/favor-gente-autentica_1124668.html

martes, 13 de diciembre de 2016

‘Hikikomori’ o la rebelión de los buenos.

Hace unas semanas que Diario de León nos informaba de la presentación en Ponferrada de la última novela de mi compañero y amigo, Manuel Ángel Morales: “Hikikomori”. En resumen: Kimitake, un adolescente encerrado desde hace varios años en su habitación (“hikikomori”), pasa su tiempo jugando en la red, en un interminable juego llamado “Campo de Batalla”. Poco a poco, ha ido perdiendo la noción de la realidad, hasta que un día, algo sucede: conoce a Ketsuno, otro adolescente a quien decide seguir. Juntos encontrarán al resto del grupo que bautizarán como “caballos desbocados”, en honor al autor al que Ketsuno y Kimitake veneran. Con ellos, saldrán en las oscuras noches a limpiar Megaciudad, capital del Reino de Sombras, de la pérfida casa de los corvinos, el clan antiguo que señorea todo el Reino. Dejarán de ser “hikikomoris” para convertirse en guerreros que hacen Justicia a sangre y acero...

Un alegato a favor de la regeneración social a través de un mundo de personajes exóticos, extravagantes, almas libres que, con una cierta orientación machadiana (“la mala hierba debe cortarse al paso”), se proponen ejecutar a la Bruja Torva que con la ley y el dinero de su parte sometió fácilmente a las otras autoridades del Reino de Sombras, donde no reinaba el mérito y la capacidad. Para iluminar la oscuridad acuerdan acabar, también, con el Clan Corvino, integrado por individuos de naturaleza cobarde, cada vez más ávidos de riqueza, molestos por la infección que provocan sus fétidas vidas, la hediondez de sus auras. Entre ellos destaca Kiñono, un exponente de todos los vicios corvinos que detestan, arribista hasta el extremo de pasar la lengua por el suelo que pisaba la Bruja Torva. O Tuliano, el de la motocicleta, otro que renunció para tener. Para los corvinos la subvención era lo importante. Y crearon varios polígonos industriales con la intención de hacerse con las cuantiosas subvenciones que, desde dentro del país, se destinaban a lo que ellos llamaban la “promoción industrial” de Megaciudad.


Novela actual que muestra influencias literarias de moda, y novela-de-siempre porque trata temas permanentes, inherentes a la naturaleza humana, como la deslealtad, la avaricia, la corrupción… Sin transparencia no hay democracia. Por ejemplo, mucho de lo que nos está pasando, en España, es por falta de transparencia. Ser transparente no es publicar datos. Y no se es más transparente por publicar más datos. No es un tema de cantidad sino de calidad, de formas de hacer, de políticas. España necesita un cambio de políticas. Y no nos engañemos: no es sólo un cambio de caras. Eso sería maquillaje, postureo: intento de parecer algo que no se es. 

Más allá de que se puedan (y deban) aplicar medidas técnicas y políticas, la superación de esta situación se logrará gracias a decisiones esencialmente éticas. La credibilidad ha pasado a ser uno de los aspectos fundamentales de la relación del individuo con la sociedad. Se trata, en definitiva, de la confianza que tiene el ser humano en sus semejantes e instituciones con quienes se relaciona. No se trata del aspecto formal de estas relaciones, que pueden estar reguladas por leyes o por acuerdos privados entre las partes, sino de la convicción íntima de las personas que sus derechos serán respetados y que los compromisos adquiridos se van a cumplir. La importancia de la credibilidad es mucha. 

“Hikikomori o la rebelión de los buenos”. He añadido esta frase al título de la novela de Manuel Ángel Morales porque, opino, ése, junto con la lucha contra la corrupción, es otro tema de fondo. Es común que, con frecuencia, los ciudadanos vivamos en un cierto aletargamiento que nos impide salir de nuestra zona de confort, “complicarse la vida”, cuando las cosas nos indignan, no nos gustan o, sencillamente, creemos que se pueden hacer mejor. Como todo el mundo es bueno y da lo mismo ocho que ochenta, porque nada es verdad ni es mentira, a ver quién es el guapo que se atreve a decir que esta boca es mía, a rebelarse. Otra cosa es la forma de manifestar, de canalizar, nuestra indignación, de rebelarnos. Y ahí, pienso, tienen encaje el respeto y la proporcionalidad de los medios.

No todas las opciones culturales, políticas, económicas, sociales son iguales ni merecen la misma calificación. Por ejemplo, hace tiempo leí la noticia de que las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron a siete jóvenes acusados de asaltar unas joyerías. No está claro cómo los mataron. Unos medios dicen que fueron decapitados; otros, que fueron fusilados ante la escasez de verdugos especializados en ejecutar con sable…No es la primera vez que me impresiono ante una noticia de este tipo. Y, siempre, que pienso en ello concluyo que valoramos poco, muy poco, que nuestra civilización esté fundamentada en los derechos humanos. Aquí también se castiga a quienes delinquen pero con respeto a su dignidad de personas, con garantías: uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario, jueces independientes, proceso transparente, asistencia profesional especializada, etc. y, siempre, buscando que, junto a la restitución o indemnización por el daño causado, el delincuente deje de serlo; por su bien y por el bien de la sociedad.

Y este sistema tiene causas. Una consideración concreta de la persona humana que, por el hecho de serlo, tiene derechos y obligaciones que todos debemos conocer y respetar. Por tanto, ni todas las culturas son civilizadas, ni son iguales, ni merecen la misma calificación. Iguales únicamente porque merecen tolerancia, respeto, en cuanto son expresión de la voluntad de un pueblo sobre cómo organizarse. Pero nada más. Hay que decirlo -y sentirlo- alto y claro, sin miedo: nuestra civilización occidental, fundamentada en los principios del humanismo, es mejor que otras. Una cosa es la autocrítica, sana y necesaria, y, otra, una equiparación con carácter general. Es igual pero no es lo mismo.

Publicado en "Diario de León", hoy, 13 de diciembre del 2016: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/hikikomori-o-rebelion-buenos_1122080.html

jueves, 8 de diciembre de 2016

Un Informe PISA más transparente.

El debate sobre los resultados del último Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) se está centrando, casi exclusivamente, en las preocupantes y, en algunos casos, escandalosas diferencias entre comunidades autónomas. 

Es razonable que sea así porque estas diferencias tan sustanciales en la educación de los españoles supone un grave quebranto del principio de igualdad, uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra Constitución de 1978, que acabamos de celebrar y, que últimamente, tantos, y con tanta insistencia, quieren reformar. 

Aprovechando que "el Pisuerga pasa por Valladolid" podrían considerarse las ventajas de que el Gobierno de España recuperara las competencias sobre Educación, una materia "estratégica" para el futuro de los ciudadanos españoles: un solo sistema educativo para todos, independientemente de nuestro lugar de residencia. Igualdad de oportunidades.

Lo que no necesita del consenso o de las mayorías necesarias para una reforma constitucional es conocer más sobre los resultados de estos informes que, periódicamente, evalúan la educación que reciben nuestros hijos. 

Me refiero que sería muy interesante y valioso que los padres de los alumnos que han realizado estas pruebas pudieran comparar los resultados de sus hijos con los de sus compañeros de clase, de centro educativo, de ciudad, de comunidad autónoma, de país. 

Si, por ejemplo, mi hijo hubiera obtenido 495 puntos en matemáticas, me gustaría saber cuál fue el puntaje máximo y mínimo en su misma clase, de todas las clases del mismo grado de su colegio y, compararlos, también, con los resultados máximos y mínimos en matemáticas (siguiendo con el ejemplo) obtenidos por los alumnos de su edad en nuestra comunidad autónoma, en España, etc...

Esta información, por razones obvias, sería muy valiosa para que padres y profesores pudiéramos enfocar los planes de mejora para nuestros hijos y alumnos y, también, un ejercicio básico de transparencia, de justicia, para poder reconocer el trabajo de los profesores y centros educativos que lo están haciendo bien, y para corregir el de aquellos que lo están haciendo mal.

Porque en los grandes números uno se puede confundir y caer -fácil e injustamente- en la tentación de decir que algo está bien o mal cuando el número del resultado es "plural" en su composición, pues, incluso en las comunidades autónomas donde los resultados han sido (globalmente) un desastre, hay casos concretos de alumnos, de profesores y de centros educativos que han obtenido un puntaje destacable; y, también, al contrario, dentro de las grandes cifras de los buenos resultados se esconden situaciones concretas manifiestamente mejorables.

Y todos estos análisis serían posibles si-y-solo-si se entregara a los padres de los alumnos la información comparativa de los resultados de sus hijos. Y, todavía mejor, para todos, si se amplia la muestra de los alumnos y de los centros educativos participantes. Los datos están y la tecnología para su procesamiento también. Lo único que falta es la decisión política de hacerlo, de ser más transparentes. Pensando en el interés general de los españoles, en nuestro futuro, porque lo que no se mide, lo que no se compara, difícilmente se podrá mejorar.